yer, en una ceremonia realizada en Oviedo, España, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fue proclamada ganadora del Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 2009. Durante el acto, el jurado del galardón destacó la vasta influencia
de nuestra máxima casa de estudios en el ámbito iberoamericano y la calificó como el modelo académico y formativo para muchas generaciones de estudiantes de diversos países
. De esta forma, el Estado español reconoce la trascendencia nacional e internacional de la UNAM, la más importante institución académica de Iberoamérica, la principal formadora de cuadros de profesionistas del país, el principal centro de generación de conocimiento en México, su mayor instancia de investigación científica y tecnológica y una empresa humana con cinco siglos de historia: el historiador José Iturriaga pone esta trayectoria en perspectiva al puntualizar que, cuando los bisontes aún pastaban en Manhattan, México contaba ya con una universidad en la que se enseñaba teología, humanidades y filosofía.
Asimismo, la UNAM constituye uno de los más importantes focos de difusión y preservación de la cultura; es, en sí misma, un importante conglomerado editorial y mediático; funge, además, como depositaria de la Biblioteca y la Hemeroteca Nacionales y posee uno de los acervos fílmicos y bibliográficos más vastos del planeta; es un espacio invaluable para la pluralidad, el análisis y la reflexión de la realidad de México y del mundo; desempeña un papel activo y destacado en la defensa de la educación pública en general, y posee destacada presencia, prestigio y fuerza moral en todo el territorio nacional.
Por añadidura, a lo largo del siglo pasado la UNAM ofreció espacios laborales y de vida a incontables académicos, exiliados políticos o refugiados económicos provenientes de España, Latinoamérica, Europa del este y otras partes del mundo, que encontraron en esa institución la libertad o la dignidad profesional que les habían sido negadas en sus lugares de origen. Es significativo que, de acuerdo con declaraciones del embajador de España en México, Carmelo Angulo, hayan sido los propios representantes del exilio republicano español quienes propusieron a la máxima casa de estudios como candidata al Premio Príncipe de Asturias.
Las constantes muestras de reconocimiento de que es objeto esta institución, y las valiosas aportaciones que realiza al desarrollo del país, a la cultura y al bienestar social, no se reflejan, sin embargo, en el trato que recibe por parte del gobierno federal. Por el contrario, la UNAM, al igual que el resto de las universidades públicas, ha enfrentado, durante las últimas administraciones, un implacable acoso presupuestal, expresión del desdén del que es objeto la enseñanza superior estatal por el modelo económico neoliberal y privatizador aún vigente. En esta lógica lamentable y contraria a los intereses del país, durante sus primeros tres años el gobierno calderonista ha buscado reducir los recursos destinados a la UNAM y a otras universidades públicas, en concordancia con una política económica que preconiza la disminución de estas instituciones en beneficio de las privadas y que excluye, de esa manera, a los estudiantes de bajos recursos de los ciclos de educación superior, sin reparar en el enorme costo social que ello conlleva: a fin de cuentas, los centros universitarios del Estado desempeñan funciones de contención de tensiones sociales que, en las circunstancias presentes, están a la alza.
Ante tales consideraciones, la distinción de que se ha hecho acreedora la máxima casa de estudios del país es doblemente meritoria y cabe hacer votos por que este reconocimiento abra los ojos del grupo que detenta el poder a la necesidad de replantear el papel de las universidades públicas a escala nacional y de emprender, cuanto antes, un proceso de dignificación presupuestal de las mismas. Esta medida, procedente y necesaria bajo cualquier circunstancia, lo es aún más en una coyuntura como la actual, en la que las adversidades económicas hacen impostergable la reorientación de los recursos públicos a la educación, a efecto de garantizar el desarrollo y la viabilidad del país.