l Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó ayer, mediante un comunicado, que 10 de los principales bancos de ese país devolverán a las arcas públicas una parte sustancial del dinero que les había sido prestado por medio del Programa de Ayuda a Activos en Problemas (TARP, por sus siglas en inglés). El monto de las devoluciones previstas asciende, según el documento, a 68 mil 300 millones de dólares, es decir, más del doble de los 25 mil millones que las autoridades esperaban que los bancos regresaran a lo largo de todo el año. Al respecto, el titular del Departamento del Tesoro, Timothy Geithner, dijo ayer mismo que estos pagos son una señal alentadora de una recuperación financiera, pero aún queda mucho trabajo por hacer. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, advirtió que la devolución de estos fondos no otorga un perdón por excesos ni un permiso para delitos futuros.

Los datos mencionados constituyen un primer indicio de los buenos resultados de la política de rescate económico emprendida por el nuevo mandatario estadunidense, la cual –a diferencia del que fue implantado por su antecesor, George W. Bush, en octubre pasado— parte de la premisa de que las acciones de salvamento del gobierno deben ir dirigidas a los deudores, no a los banqueros, cuya ambición e irresponsabilidad fueron, a fin de cuentas, las que originaron los quebrantos en el sistema financiero de aquel país. Con ese propósito, el equipo económico del político afroestadunidense estableció, desde febrero, una serie de restricciones que limitan la retribución de los altos ejecutivos de los bancos asistidos, que se mantendrán vigentes hasta que éstos paguen el dinero de los contribuyentes.

Es inevitable contrastar lo anterior con lo ocurrido en nuestro país durante el episodio conocido como rescate bancario: dicha operación, ideada por el equipo económico de Ernesto Zedillo y legalizada a finales de ese sexenio por los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional, significó el mayor saqueo a las arcas públicas de que se tenga memoria –a excepción, tal vez, de los fondos que el gobierno foxista recibió de los sobreprecios petroleros, cuyo destino no ha sido esclarecido– y constituye, al día de hoy, uno los principales lastres para la recuperación de la economía mexicana. A diferencia del espíritu de transparencia en el manejo de los recursos públicos con que se desempeñan las actuales autoridades de la nación vecina –donde se ha obligado a los bancos beneficiados a devolver el dinero prestado a las arcas–, sus contrapartes mexicanas no han podido o no han querido esclarecer el cúmulo de fraudes y apropiaciones indebidas de recursos públicos surgidas a raíz de los negocios sucios del Fobaproa-IPAB, que sirvieron para engrosar un puñado de fortunas particulares en perjuicio de la nación.

Otro contraste inevitable es el que surge entre las medidas anticrisis que ha avanzado la administración Obama –y que se traducen en inversión pública en la economía de aquel país, a fin de generar empleos, y en medidas de reducción fiscal– y la pasividad e indolencia que hasta ahora ha mostrado el gobierno de Felipe Calderón ante los signos de una crisis que amenaza con ser mucho mayor de lo que se esperaba. Basta recordar, como botón de muestra, las estimaciones recientes de The Economist Intelligence Unit, en el sentido de que la economía mexicana se contraerá 7.1% este año, con lo cual la actual recesión será más profunda que la de 1995 y significará el peor desempeño económico de México en el reciente cuarto de siglo, como consecuencia del daño adicional que ha causado el brote de influenza humana de abril pasado. Dichas estimaciones apuntan a una mayor contracción del mercado laboral, más cierres de empresas pequeñas y medianas, así como un incremento generalizado de la zozobra, la incertidumbre y el sufrimiento de la población.

Es significativo y alentador, en suma, que el gobierno de un país que históricamente ha defendido al capitalismo en su versión más voraz e inhumana actúe –ante la actual coyuntura mundial– con pulcritud, sensibilidad, responsabilidad y disposición de anteponer el bienestar colectivo a los intereses privados; pero resulta lamentable y exasperante que en nuestro país ocurra lo contrario.