l jueves el gobierno mexicano compareció ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Suiza, para presentar sus conclusiones sobre las recomendaciones formuladas en el contexto del Examen Periódico Universal (EPU), realizado a México en febrero, cuando diversos países emitieron 91 recomendaciones dirigidas al Estado mexicano respecto al cumplimiento de obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos. Ochenta y tres de estas recomendaciones fueron aceptadas por México, y versan sobre temas como el sistema de administración de justicia, violencia contra las mujeres, derechos de pueblos indígenas, libertad de expresión, armonización legislativa e impunidad, entre otros.
En ese momento la delegación mexicana se reservó el derecho de responder a ocho recomendaciones. Ahora, el gobierno acudió a dar su postura final sobre recomendaciones realizadas en una sesión en la que se dio voz a organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales que externaron su postura.
En su comparecencia, el gobierno dio un informe en el que habla de las acciones relacionadas con las recomendaciones aceptadas. Dicho informe maquilla la realidad del país y magnifica las acciones de gobierno en torno a los derechos humanos. Un ejemplo es que se mostró el proyecto de reforma constitucional en materia de dichas garantías como una propuesta que permitiría el pleno reconocimiento de éstas en el país; sin embargo, y como se ha comentado con anterioridad en este espacio, la propuesta de reforma constitucional en materia de derechos humanos es contradictoria y no les da verdadero rango constitucional, además de limitar el principio pro persona.
Se mencionaron acciones llevadas a cabo en contra de la violencia hacia las mujeres, tema que fue abordado por Amnistía Internacional en su intervención, cuestionando severamente los resultados de la lucha para combatir la violencia contra las mujeres al poner como ejemplo los casos de Ciudad Juárez y Atenco.
El hecho de que las recomendaciones hayan sido aceptadas no puede satisfacernos si las mismas no se implementan de forma adecuada; al respecto, el informe señala el Programa Nacional en Derechos Humanos y la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos (CPGMDH) como el instrumento y la instancia para implementar las recomendaciones aceptadas, cuestión que genera muchas dudas, toda vez que los compromisos del EPU se hacen a nivel de Estado e involucra los tres poderes y los tres órdenes de gobierno, en tanto que el programa y la CPGMDH únicamente obligan al Ejecutivo federal.
Mención aparte merecen las recomendaciones que el gobierno mexicano rechazó. A nadie sorprende esto, ya que desde febrero pasado se había reservado
dar respuesta a estas recomendaciones que abordaban temas prioritarios de la agenda de seguridad del Ejecutivo como son el arraigo, la adecuación del concepto de delincuencia organizada con estándares internacionales, la reapertura de una oficina que investigue los crímenes del pasado y la jurisdicción militar.
Respecto a éstos, el informe de México estuvo de nueva cuenta alejado de la realidad y presenta explicaciones carentes de fundamento al referir, por ejemplo, que es la justicia civil la que en última instancia decide sobre violaciones a los derechos humanos por encima del fuero castrense. Lo que no señala el informe es que quien tiene acceso a la justica civil mediante el amparo es el militar acusado de la violación, en caso de estar inconforme con la sentencia, pero no la víctima. Este punto fue abordado por Human Rights Watch, que fue contundente al referir que en los últimos 10 años no hay ejemplos de una sola condena a un miembro del Ejército acusado de violar los derechos humanos.
Algo parecido sucedió con el tema del arraigo, sobre el que el informe mexicano dice que está sometido a estrictos controles de legalidad y bajo estricta supervisión judicial, mientras que la Red de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos mencionó que se ha documentado que es una práctica cotidiana que ha propiciado violaciones al debido proceso y tortura.
Respecto a la adecuación de la definición de delincuencia organizada y la reapertura de la fiscalía para investigar los crímenes del pasado, el gobierno mencionó que eran cuestiones resueltas. En este caso, fue la delegación de Bélgica quien lamentó ese rechazo y señaló que es obligación del Estado combatir las violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado, cuestión que de acuerdo con el gobierno belga sería una señal clara del deseo del gobierno de combatir la impunidad, pero ¿existe ese deseo? La respuesta la da el mismo gobierno de México al ignorar esa recomendación.
