yer, en un discurso leído en la Universidad de Bar-Ilan, en las inmediaciones de Tel Aviv, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, respaldó por primera vez la creación de un Estado palestino, con la condición de que éste carezca de ejército, sea incapaz de hacerse de armamento y decline imponer limitaciones sobre su espacio aéreo a las milicias israelíes. Al mismo tiempo, aunque señaló que su gobierno no tiene la intención de crear nuevos asentamientos judíos en territorios palestinos, Netanyahu advirtió que no impedirá el crecimiento natural de éstos –eufemismo con el que los gobernantes israelíes tratan de justificar la constante expansión de esos enclaves ilegales–, a efecto de permitir que los residentes lleven una vida normal.

Debe señalarse, por principio de cuentas, que esta alocución se produce a sólo 10 días de que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, emitió en El Cairo, Egipto, un discurso orientado a la reconciliación entre su país y el mundo islámico, en el que el mandatario estadunidense enfatizó la intolerable situación que vive la población palestina a consecuencia del asedio israelí, así como la ilegalidad de los robos de tierras perpetrados por el régimen de Tel Aviv. De tal forma, las declaraciones hechas ayer por el primer ministro de Israel parecen obedecer, más que a una genuina voluntad de reconocer el derecho de los palestinos a formar un Estado y vivir en él, a una intención de congraciarse con Washington –ante las presiones lanzadas en semanas recientes por el presidente Obama– sin molestar demasiado a los halcones y las posiciones conservadoras de la clase política israelí –uno de cuyos miembros más prominentes es el propio Netanyahu– y a la coalición de derecha que domina la Knesset (parlamento).

Más allá de estas consideraciones, las condiciones que el gobierno israelí pretende imponer son improcedentes, en primer lugar porque incurren en el absurdo de exigir, para la construcción de un Estado palestino, la claudicación de principios y atributos básicos que lo definan como tal: el control sobre su territorio, la facultad de detentar el monopolio de la fuerza y la violencia legítimas, y la existencia de un ejército permanente y regular consagrado a funciones de defensa nacional. Es claro, además, que un Estado conformado según las condiciones enumeradas ayer por Netanyahu quedaría inerme ante la amenaza constante del país hebreo –potencia militar con un largo historial de agresiones colonialistas en la región–, y que nada podría evitar que se repitiesen escenarios como los que el mundo presenció a principios de este año, cuando el ejército israelí bombardeó la franja de Gaza y asesinó a miles de sus habitantes.

El premier israelí incurrió en una distorsión adicional al insinuar que la preservación de los asentamientos ilegales de israelíes en territorios palestinos es un elemento necesario para que los residentes lleven una vida normal: por el contrario, la restitución a sus legítimos dueños de las tierras palestinas robadas por la vía de la construcción de enclaves israelíes en Cisjordania y la porción oriental de Jerusalén constituye, de hecho, una condición necesaria para la paz. Al día de hoy tales asentamientos, en conjunto con los castigos colectivos que Tel Aviv aplica de manera continua a la población de Gaza, no sólo constituyen un despojo a todas luces injustificable, sino que hacen imposible la vida cotidiana de los palestinos en su propia tierra; son, además, un factor de permanente descontento y de tensión en la región entre las poblaciones de uno y otro bandos, y terminan por dotar de bases sociales y argumentos a las expresiones terroristas de algunos sectores fundamentalistas palestinos.

Una solución para resolver de raíz la crisis de Medio Oriente requiere, como un primer paso imprescindible, el fin de la ocupación que Tel Aviv mantiene en los territorios palestinos; el cese de la aplicación de las estrategias de limpieza étnica seguidas en Al Qods –nombre árabe de la Jerusalén oriental– y en Cisjordania, y el pleno acatamiento a las resoluciones 242 y 338 de la ONU, que estipulan el retiro israelí de Cisjordania y la franja de Gaza, y la devolución a sus legítimos dueños de la Jerusalén oriental en los límites que se tenían hasta antes de la Guerra de los Seis Días, en 1967.

En la circunstancia actual, en suma, la salida al añejo conflicto entre israelíes y palestinos no pasa por la imposición de condiciones por Tel Aviv, sino por el cumplimiento de la legalidad internacional y por el pleno reconocimiento de los derechos de los palestinos a constituir un Estado –con todo lo que ello implica– y vivir en él.