Montevideo, 15 de junio. La Corte Electoral de Uruguay validó hoy 258 mil firmas y deberá convocar a un plebiscito en octubre para decidir sobre la anulación de la ley de caducidad, que perdonó a militares y policías violadores de los derechos humanos durante la dictadura que rigió en esta nación entre 1973 y 1985.

Las firmas ahora validadas fueron entregadas a esa corte el 27 de abril pasado, en un número muy superior al exigido por las normas, de manera que sobraron unas 50 mil.

De este modo se pone a fin a un proceso que impulsaron organizaciones sociales en septiembre de 2007, en el contexto de la lucha por verdad y justicia.

La ciudadanía será convocada a votar el domingo 25 de octubre, junto con la primera vuelta de las elecciones nacionales de las que surgirá el dirigente que sucederá a Tabaré Vázquez en la presidencia del país.

La Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, conocida popularmente como ley de impunidad, fue aprobada por el Congreso uruguayo en 1986, y ratificada en un referendo en 1989.

Sin embargo, las organizaciones sociales, especialmente las que se ocupan de los derechos humanos, nunca cesaron en su reclamo para que la justicia castigue a los responsables de asesinatos, torturas y encarcelamientos arbitrarios.

El artículo cuatro de la controvertida ley dejó fuera del perdón los que se consideraran delitos comunes y aquellos cometidos contra niños, de manera que el actual gobierno de izquierda, que asumió en 2005, habilitó el enjuiciamiento de una docena de militares y policías, actualmente procesados por la justicia civil.

La dictadura dejó 38 desaparecidos en el país, 182 en Argentina, ocho en Chile, dos en Paraguay y uno en Brasil, según la información recopilada por la Comisión para la Paz, creada en 2000 por la presidencia.

El presidente Vázquez dijo en Costa Rica en abril pasado, cuando se presentaron las firmas, que “el pueblo uruguayo no se merece tener una ley de impunidad como la que tenemos”, y manifestó que esperaba fervientemente como ciudadano uruguayo que el pueblo anule esta ley.

Tabaré Vázquez –quien rechazó la campaña de recolección de firmas– señaló en San José que no había firmado la iniciativa por su condición de presidente, y destacó que hizo cumplir la norma, aplicando el artículo que habilita al Poder Ejecutivo a decidir qué casos quedan excluidos de la amnistía.

Durante su mandato fueron condenados ocho ex militares y policías a penas de 20 a 25 años de prisión por violaciones de los derechos humanos, en tanto se procesó a los ex dictadores Gregorio Álvarez (1981-1985) y Juan Bordaberry (1973-1976).