La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) e integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) se deslindaron de cualquier responsabilidad sobre el estallido de una camioneta durante su manifestación del domingo, en la ciudad de Oaxaca.

Las organizaciones responsabilizaron de los hechos a los gobiernos federal y al estatal de Ulises Ruiz, así como al magisterio encabezado por Elba Esther Gordillo, quienes –aseguraron– han actuado de manera sistemática en contra del movimiento democrático que encabezan.

La dirección nacional del movimiento magisterial democrático precisó que mientras los gobiernos federal y estatal no presenten públicamente una versión concreta y satisfactoria de una investigación minuciosa sobre la explosión de juegos pirotécnicos, en la que murió Alberto Gazga Barenca y resultaron lesionados unas 20 personas, los responsables son las autoridades.

Repudiamos estos actos que se emprenden desde el autoritarismo y la negación de derechos a la población; que son un intento de cancelar las libertades democráticas y civiles, resaltó la dirección de la CNTE por conducto de los dirigentes de las secciones 18 y 22, Sergio Espinal y Fernando Mendoza, respectivamente.

Al argumentar su acusación, indicaron que el movimiento magisterial independiente de Oaxaca ha recibido del gobernador Ulises Ruiz una serie de acciones represivas, respaldadas por el gobierno federal y promovidas también por la “dirigente charra” Gordillo Morales, con la pretensión de imponer su sección fantasma.

En conferencia de prensa ofrecida en la ciudad de México, reiteraron que, entre otras acciones, mantendrán sus movilizaciones programadas para el próximo jueves en los estados y la marcha del viernes en el Distrito Federal.

Acompañados por dirigentes magisteriales del país y de otras organizaciones sindicales y de juristas, destacaron que si es necesario sus movilizaciones continuarán aún después de las próximas elecciones de julio, a pesar de que la actual administración federal “ha incrementado las medidas de provocación y represión, al criminalizar la protesta social.

Nuestros reclamos siguen vigentes en tanto no se atiendan nuestras demandas fundamentales: la salida de Ulises Ruiz del gobierno de Oaxaca, la libertad a los presos políticos y el esclarecimiento de los 24 asesinatos cometidos hace tres años en la entidad.