A ocho meses de recibir las instalaciones con un cúmulo de deficiencias, lo que derivó en una riña en enero pasado por el cambio de unos internos y la exigencia de condiciones adecuadas, los 256 jóvenes que alberga la Comunidad de Adolescentes de San Fernando (antes Consejo Tutelar de Menores) dejaron atrás aquella cueva sin luz, agua, piso de cemento ni maquinaria necesaria para elaborar el pan que comían; además de las ventanas destruidas y las paredes sucias, que parecían venirse abajo.

La jefatura de Gobierno del Distrito Federal destinó 10 millones del Fondo de Seguridad (Foseg) al mejoramiento de las instalaciones del inmueble, de más de 100 años de antigüedad y catalogado por el INAH, lo que permitió la dignificación del espacio con el cambio de losas, plafones, rejas, azulejos, estufas y puertas; colocación de concertinas –alambrado con púas– y creación de áreas para ver a los defensores de oficio, para visitas íntimas y aulas para los alumnos.

Una segunda etapa incluirá el área de aduanas, donde se colocarán filtros y sistemas de rayos equis, que se complementarán con las 23 cámaras de videovigilancia instaladas, a fin de garantizar la gobernabilidad del lugar, pero también permitir la reinserción social de los jóvenes, cuyas edades oscilan entre 15 y 24 años, mediante su capacitación y certificación, y el acompañamiento en todo momento de sus familias, informó el titular de la Secretaría de Obras y Servicios, Jorge Arganis Díaz Leal.

En un recorrido por las instalaciones de ese centro, acompañado del director general de Obra Pública, Óscar Díaz, la directora ejecutiva de Tratamiento para Menores, Raquel Olvera, y la subsecretaria del sistema penitenciario, Celina Oceguera, informó que este año se invertirán 120 millones de pesos en estas comunidades y en los centros de readaptación social, pues su seguridad y salud son prioritarios para esta administración.

Por ello la necesidad de impulsar un nuevo esquema de atención y readaptación, basado en un apoyo educativo, deportivo y laboral que les permitirá reintegrarse a la sociedad y dejar que la cárcel o los centros de retención temporal se conviertan en verdaderas escuelas del crimen, señaló Raquel Olvera, tras destacar los avances obtenidos en tan poco tiempo con el apoyo de las familias de los jóvenes, y pese a que las autoridades federales no han cumplido con la transferencia de recursos comprometidos.

Nos transfirieron el centro en muy malas condiciones y con muchas anomalías, pero no el dinero para sacarlo adelante. Han pasado ocho meses y seguimos a la espera, pues hemos casi vivido de prestado del gobierno capitalino para sufragar las necesidades de cada uno de los adolescentes, que implican un costo de 70 pesos diarios para el erario, destacó, y mencionó que se tiene una población de 3 mil 400 jóvenes en tratamiento en los seis centros existentes, con quienes vamos a cumplir nuestro objetivo de sacarlos adelante.