Mientras en México no se le otorguen facultades plenas a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para iniciar querellas y fincar responsabilidades en contra de quienes hacen mal uso de los recursos públicos, no se puede hablar de que tengamos en el país un sistema auténtico de rendición de cuentas, y sí una larga lista de impunidades que le cuestan a la sociedad miles de millones de pesos cada año, afirmó Mario di Costanzo.

Respecto del movimiento social que promueve el voto en blanco en las próximas elecciones, el candidato del PT a una diputación por el distrito 20 en Iztapalapa señaló que aunque comparte esa inquietud por el descontento de la población hacia el sistema de partidos, el sufragio nulo, afirma, legitima al grupo en el poder, que tiene secuestrado al Estado y que ha sumido al país en una de las peores crisis económicas de que se tenga noticia, no sólo porque duplicó ya la deuda externa, sino porque es el responsable de los altos niveles de desempleo, del cierre masivo de empresas y de la creciente inseguridad pública.

En este sentido, advirtió que una de las vías para atender este desencanto social es convertir a la ASF en un tribunal de cuentas, como ocurre en otros países. Nosotros nos enteramos cada año de malos manejos o de negligencia en la aplicación de los recursos públicos y tenemos muchos ejemplos de esto, desde los hijos de Marta Sahagún hasta el asunto de los contratos de Petróleos Mexicanos o los millonarios subejercicios de las distintas dependencias, pero los señalamientos que hace la Auditoría Superior no dejan de ser meros llamados a misa, aseveró.

En entrevista con La Jornada, el analista financiero y asesor de esta área en la Cámara de Diputados consideró que si bien deben garantizarse los recursos suficientes para el desempeño de la ASF, es indispensable buscar la calidad de las revisiones, más que la cantidad.

Explica que un error común es encontrar que en los informes de cuenta pública hay muy pocos cambios, “por ejemplo en una auditoría al Seguro Popular se puede ver que el resultado es exactamente igual al de una revisión a la Dirección General de Aduanas.

¿Qué debe revisarse? Los resultados de los programas, debe haber más auditorías de desempeño, más cuantitativas, que meras auditorías contables, de otra forma nos va a seguir sucediendo lo que nos pasa ahora, donde tenemos cientos de miles de observaciones sin solventar, ya archivadas, de cuentas públicas de 2003, por ejemplo, y no pasa nada.

Di Costanzo mencionó que en el caso de entidades como el Tribunal de Cuentas en España realizan un número mucho menor de auditorías de las que hace en México la ASF, pero sus resultados son verdaderos tratados del tema que se está revisando, y son tan importantes que de un año a otro no te cambia radicalmente la tendencia en el funcionamiento de esa dependencia o del sector analizado.

Una auditoría, agrega, te puede dar bases inclusive para establecer políticas públicas, políticas presupuestarias, pero en México hay un divorcio absoluto entre los resultados de un programa y la asignación presupuestaria. Ejemplo clásico es el de los recursos al campo, a los que se asigna cada año mayor presupuesto; este año es de 230 mil millones de pesos, pero el punto es que baja muy poco de ese dinero a los pequeños productores.

Este resultado, agrega, ya lo mencionan las auditorías, la pregunta es, ¿por qué no cruzar el resultado de los informes con las asignaciones presupuestarias? Es solamente así como le vas a dar eficiencia a los recursos.

Según este esquema, subraya, es posible hablar de que en México hay una mayor transparencia, pero no una verdadera rendición de cuentas, de hecho ya nos enteramos de algunos de los muchos desfalcos en el gobierno o de los millonarios subejercicios de las pasadas dos administraciones panistas, pero no hay rendición de cuentas porque no hay castigo a los funcionarios, ya no digamos a los que roban, sino a los que aplican mal el presupuesto. La negligencia es también una falta concebida en las obligaciones de los servidores públicos.

El abanderado del PT destaca un ejemplo, “si se quiere muy sencillo, sobre la impunidad en el país: el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, dijo hace dos semanas que se le había perdido el Libro blanco de la privatización de los bancos, y no sucedió nada. ¿Cómo es posible que un secretario de Estado diga que perdió un documento en el que se detalla la operación de rescate que más le ha costado al país? Y que no haya ningún castigo, de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos”.