La Procuraduría General de la República (PGR) abrió una indagatoria contra quien o quienes resulten responsables de la probable comisión de los delitos de falsedad de documento, falsificación de firma y contra la administración de la justicia, derivado de las posibles irregularidades en que habrían incurrido autoridades judiciales que a principios de este año determinaron la prescripción del delito de homicidio perpetrado en 1994 contra el priísta José Francisco Ruiz Massieu e imputado al ex diputado tamaulipeco Manuel Muñoz Rocha, informaron ayer fuentes de la dependencia.

Las investigaciones comenzaron a partir de una denuncia de hechos que presentó el pasado miércoles el abogado Enrique Fuentes León en la delegación metropolitana de la PGR, ubicada frente al monumento de la Revolución, en la ciudad de México.

En entrevista telefónica, Fuentes León confirmó ayer a La Jornada que presentó la denuncia para que la autoridad ministerial “investigue este asunto, que está lleno de arbitrariedades, de oscuridades, de trampas y de manipuleos, pues con esta situación jurídica actual (la prescripción del crimen contra Ruiz Massieu en favor del ex diputado federal priísta), nadie puede descartar que mañana Muñoz Rocha salga por ahí diciendo: ‘oigan, no andaba muerto, andaba de parranda’”.

Explicó que la PGR debe investigar quién utilizó el nombre de Enrique Fuentes León y falsificó su firma para redactar un documento apócrifo con el que presuntamente el juzgado octavo de distrito de procesos penales federales, con sede en el Reclusorio Sur, inició en enero pasado un incidente que concluyó el 23 de marzo, en segunda instancia judicial, con la prescripción del asesinato de Ruiz Massieu.

Agregó que hubo una falta de cuidado de la juez octavo de distrito (Elizabeth Vargas), y no sé qué oculta o qué trata de disimular con una actuación a toda luz ilegal.

El abogado detalló que “la juez que concede la prescripción procede contra constancias. ¿Por qué? Porque la PGR, desde que consigna y ejercita la acción penal, en 1994, contra Muñoz Rocha, lo hizo por homicidio calificado.

“La juez no pudo haber ocultado que era un homicidio calificado. Al prescribir, la juez tomó en cuenta el cómputo correspondiente a homicidio simple. Por esa razón, al hacer el cómputo, mañosamente habla de que el delito se sanciona (con pena) de ocho a 20 años de prisión, de acuerdo con la ley penal vigente en 1994, y que bajo ese supuesto prescribió el homicidio simple a los 14 años (que se cumplieron en febrero pasado).

Pero, insisto, el crimen (de Ruiz Massieu) fue tipificado por la PGR desde 1994 como homicidio calificado, no simple, y entonces se sancionaba hasta con 60 años de cárcel.