La comisionada del Instituto Nacional de Migración (INM), Cecilia Romero Castillo, manifestó ayer su disposición y apertura para colaborar con las instancias que investigan el caso del delegado de este organismo en Yucatán, Hernán Vega Burgos, quien fue acusado por dos mujeres de Costa Rica de lenocinio y tráfico de personas.

En una breve declaración, la funcionaria recordó que cuando surgió la denuncia de las centroamericanas ya había antecedentes de una investigación por parte del Órgano Interno de Control del INM. Lo primero que se hizo fue aceptar la renuncia del delegado; se nombró a uno nuevo, una persona con autoridad moral y con responsabilidad suficiente para rencauzar el trabajo de la delegación y por supuesto estamos en plena disposición y apertura para colaborar con las instancias investigadoras, que no somos nosotros, para que se lleve a cabo el procedimiento hasta sus últimas consecuencias, subrayó.

Romero Castillo también se refirió al informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el secuestro de migrantes y dijo compartir la preocupación por el tema, razón por la cual indicó que prepara una respuesta para evitar que los indocumentados sean víctimas de este tipo de delitos.

La comisionada destacó lo anterior al concluir la ceremonia conmemorativa del Día Mundial del Refugiado, en donde autoridades de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y la Comisión de Protección Social en Salud suscribieron un acuerdo para otorgar Seguro Popular a los refugiados que habitan en México.

En este contexto, el subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Poiré Romero, dijo que hay quien argumenta falsamente que la protección de los derechos humanos, área dentro de la cual se enmarca la política mexicana de refugio, está disociada de alguna forma con la búsqueda de seguridad. Nada más falso, enfatizó.

El gobierno federal, continuó, ha puesto énfasis extraordinario en la construcción de una nueva seguridad para que los ciudadanos tengan garantizadas sus libertades individuales y sus derechos humanos, porque la corrupción, la impunidad y el abuso de autoridad son elementos que corroen la seguridad y le hacen daño a los derechos humanos.

Poiré Romero aseguró que este es el enfoque primordial de la batalla contra el crimen organizado, pues no hay derechos humanos sin seguridad.

Previamente aludió al acuerdo suscrito y dijo que el Seguro Popular es un espacio valiosísimo que no sólo permite a los refugiados contar con un espectro de salud oportuno, sino que además empiezan de alguna manera a restablecer el equilibrio en sus vidas después de episodios difíciles. Refirió que el convenio beneficiará a más de mil refugiados y sus familias.

Durante el acto, Juan Carlos Murillo González, oficial jurídico de la unidad legal regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), puntualizó que la temática de los refugiados no es algo del pasado; no se trata de historia, se trata de una realidad contemporánea en América y el resto del mundo.