yer, en una conferencia de prensa realizada en Los Pinos, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, flanqueado por la canciller Patricia Espinosa, anunció que la secuestradora francesa Florence Cassez no será enviada a su país a que purgue la sentencia que le impuso el Poder Judicial del nuestro, pues el gobierno francés se pronunció por reservarse para sí la competencia de tomar decisiones sobre la suspensión o reducción de la pena o sobre los medios para hacerla cumplir. Al margen de esa decisión correcta y obvia, es sorprendente, por decir lo menos, que el gobernante haya comunicado, en un formato de mensaje a la nación, una medida que no merecía más que un boletín de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

La desmesura comunicativa no sólo implica un desgaste adicional y del todo innecesario a la institución presidencial, sino que otorga un relieve a todas luces improcedente a una delincuente convicta y confirma las críticas por el tratamiento especial de que ha sido objeto, tratamiento que implica, por contraste, una discriminación en contra de otros infractores sentenciados, extranjeros y nacionales: el simple hecho de que el gobierno calderonista haya establecido una Comisión Binacional con las autoridades francesas para revisar el proceso fue una anomalía y una injusticia, pues no se ha hecho nada similar con otros delincuentes foráneos ni se ha solicitado a otro país en el caso de infractores mexicanos arrestados en el exterior.

Para ilustrar este doble rasero, ha de recordarse que Calderón no ha hecho una sola referencia al dirigente atenquense Ignacio del Valle, cuyo proceso exhibe numerosas irregularidades, dio pie a una sentencia desproporcionada y absurda, y reviste para nuestro país, una importancia política mucho mayor que la de la secuestradora francesa. Más aun, es pertinente cuestionar con base en qué criterio el jefe del Ejecutivo dedica un mensaje nacional a la situación de una delincuente sentenciada y no lo ha hecho, en los 17 días transcurridos desde la tragedia de la guardería ABC, en Hermosillo, para fijar una posición ante la muerte de 47 menores como resultado de una cadena de negligencias y descuidos inexcusables que pasa por áreas de su propia administración.

En suma, es lamentable que el gobierno mexicano haya aceptado convertir en asunto de Estado un episodio que corresponde a la administración de la justicia penal y que, aun sin entregar a la plagiaria a su país, haya realizado concesiones indebidas –la conferencia de prensa de ayer pareciera ser una de ellas– ante el fenómeno de opinión pública en que fue transformada Cassez por el mercantilismo y el amarillismo de los medios franceses y por la desaforada búsqueda de popularidad del presidente Nicolas Sarkozy.

Tras diez días de protestas en Irán, originadas por las controvertidas elecciones que tuvieron lugar el pasado 12 de junio –cuyos resultados oficiales dieron el triunfo al actual presidente, Mahmud Ahmadinejad, con 63 por ciento de sufragios, aunque la oposición alega que se cometió un masivo fraude–, el creciente descontento y las acciones represoras de los elementos de las fuerzas públicas de ese país configuran un escenario de violencia y crispación sin precedente desde la revolución islámica de 1979, que ya ha causado, según estimaciones extraoficiales, al menos una veintena de muertes, aunque algunas versiones aseguran que la cifra supera el centenar.

Pese a las prohibiciones impuestas por el régimen de Teherán, decenas de miles de iraníes volvieron a marchar ayer en esa capital, en esta ocasión exaltados por el asesinato –ampliamente difundido en Internet– de la joven Neda Agha Soltan, quien, según testigos citados por fuentes opositoras, fue abatida a balazos el sábado pasado por integrantes de la milicia paragubernamental Basiyi y se ha convertido en uno de los estandartes del movimiento que encabeza el candidato derrotado, Mirhosein Musaví.

Es condenable, desde cualquier punto de vista, que un régimen recurra al uso excesivo de la fuerza para reprimir manifestaciones de descontento social, provengan de donde provengan, y el gobierno iraní tendría que investigar y sancionar a los responsables de los abusos cometidos contra civiles indefensos y emplear todos los recursos de que disponga para lograr que el conflicto poselectoral se solucione por los cauces pacíficos.

En la circunstancia presente, sin embargo, las autoridades de Teherán no constituyen el único factor de amenaza de un eventual desbordamiento de la violencia en ese país, que invariablemente tendría consecuencias trágicas e indeseables: debe considerarse también el desconocimiento y la desinformación que privan en Occidente en torno al conflicto –consecuencia, en buena medida, de las restricciones impuestas desde hace días por el propio gobierno iraní, que dificultan la labor informativa–, sumados a los prejuicios y la doble moral proverbiales con que se han conducido las potencias occidentales hacia la república islámica de Irán.

A pesar de la ausencia de cifras exactas sobre el número de muertos, de las imprecisiones en torno a los autores intelectuales y materiales de esos crímenes y de la proliferación de informaciones inciertas o abiertamente distorsionadas, la mayoría de los medios informativos occidentales parecen haberse formado un juicio definitivo de lo que ocurre en Irán. Presentan el conflicto de manera simplista, como una confrontación entre fundamentalistas y reformistas, y alimentan la tentación de utilizar esa crisis política para legitimar, ante la opinión pública internacional, acciones de desestabilización contra el régimen de Teherán. Se abre, así, una perspectiva indeseable para la población iraní y para el conjunto de las naciones que integran Medio Oriente, habida cuenta de que Teherán se ha desempeñado hasta ahora como un factor de estabilidad en esa conflictiva región.

Es pertinente, pues, que la opinión pública mundial exija, a la par del respeto a los derechos humanos de la población iraní y el esclarecimiento de los lamentables hechos que se comentan, mesura y contención por parte de las potencias occidentales, las cuales han mantenido contra la república islámica una política de hostigamiento y aislamiento que las descalifica como factor de distensión en el actual conflicto interno. Hoy, ante Irán, es particularmente necesario demandar que se aplique el principio de no intervención.