El presidente Felipe Calderón anunció personalmente que su gobierno negó a Francia la repatriación de Florence Cassez, encontrada culpable por el delito de secuestro, al considerar que no existen garantías para que cumpla su condena de 60 años de prisión en su país de origen.

Ayer, el jefe del Ejecutivo dio un mensaje de última hora a los medios de comunicación y argumentó que dicha determinación está apegada al Convenio de Estrasburgo, que no impone la obligación al Estado requerido de consentir la solicitud de traslado de algún ciudadano de otro país.

La Jornada adelantó en su edición del pasado 9 de abril que la comisión binacional para el caso Cassez había determinado que no procede su repatriación, ya que no existe una sola garantía de que el gobierno francés cumpla con la sentencia impuesta por los jueces mexicanos.

El Presidente de la República señaló ayer que está luchando por romper el círculo de impunidad en México y por eso debe quedar claro que la ley es igual para todos y quien la viola tiene que pagar las consecuencias sin importar su credo, preferencia política o condición social, económica o nacionalidad.

Cassez fue condenada a 96 años de prisión en abril del año pasado por cuatro secuestros, delincuencia organizada y posesión de armas y cartuchos de uso exclusivo del Ejército. Aunque insistió en su inocencia, en junio de 2008 este diario publicó una carta de Cristina Ríos Valladares, quien dijo haber sido víctima, junto con su esposo y su hijo, de un secuestro en el que aseguró que había participado la francesa.

En un nuevo capítulo de esta historia, en marzo pasado, el presidente francés, Nicolás Sarkozy, aprovechó su visita a México para abogar por el traslado de su conciudadana a Francia, y producto de ello se instaló la comisión binacional.

Calderón, quien estuvo acompañado por la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, señaló que la ciudadana francesa purgará su condena en México, porque su gobierno está comprometido a que las víctimas de secuestro y sus familiares encuentren justicia.

El gobierno mexicano tomó esta determinación una vez que Francia abrió la posibilidad de que Cassez no purgara su condena de acuerdo con la sentencia que las autoridades judiciales mexicanas han determinado, o que la pagara en un plazo significativamente menor, explicó Calderón.

Para México, esto resulta inaceptable. El gobierno de México tiene el deber irrenunciable de asegurarse de que la sentencia impuesta por un juez sea cumplida en todo momento. El caso de la señora Florence Cassez no puede ser una excepción, explicó.

Al defender esta decisión, dijo que la ciudadana francesa ha podido hacer uso de todos los medios de defensa que la legislación mexicana y la Constitución otorgan a cualquier persona en situación similar.

Finalmente recalcó que es voluntad de su gobierno dar fiel cumplimiento a las obligaciones internacionales derivadas de tratados. Pero dijo que tampoco puede permitir que al dolor y desesperación provocados por el secuestro se sume la indignación y la impotencia derivada de la impunidad de los delincuentes.