Morelia, Mich., 22 de junio. El coordinador de la bancada perredista del Congreso local, Raúl Morón Orozco, afirmó que Michoacán se encuentra en estado de indefensión ante la guerra sucia del gobierno federal, al utilizar medios informativos a los que filtra información tendenciosa y calumniadora contra alcaldes, funcionarios, diputados y el propio gobernador.

Estrategia electoral

Mientras, los diputados locales del PRD Iván Madero Naranjo y Antonio Cruz Lucatero, así como el diputado federal del sol azteca Miguel Ángel Arellano Pulido, rechazaron las aseveraciones publicadas ayer por el periódico El Universal de que están relacionados con la delincuencia organizada, y subrayaron que es una estrategia electoral del gobierno federal y del Partido Acción Nacional.

Se nos está dando trato de excepción con un claro objetivo electoral, pero, una vez que pasen los comicios del 5 de julio, daremos una respuesta al gobierno federal, porque definitivamente ha asumido una actitud injusta y perversa, advirtió Morón Orozco, y agregó que, al igual que el Ejecutivo estatal, analiza la posibilidad de demandar a los diarios que lo han calumniado. El legislador informó también que el Congreso local impulsará un punto de acuerdo para que termine este acoso del gobierno panista.

Mala fe

En tanto, el gobernador Leonel Godoy anunció en un noticiario radiofónico nacional que analiza la posibilidad de demandar a los diarios que este fin de semana publicaron noticias que aseguran que tiene nexos con el narco. El mandatario dijo que “es una infamia y parte de una guerra que se da en un proceso electoral como el de Michoacán, donde las encuestas señalan que el PRD encabeza la preferencia electoral.

Basta que alguien diga que yo maté al Papa para que se convierta en noticia principal, expresó, y enfatizó que hay mala fe de quien filtra información y quienes la publican sin sustento alguno. Dijo que en el caso de los 10 alcaldes arraigados y 20 funcionarios públicos se tienen que deslindar responsabilidades, pero lo más grave es que las detenciones no se hicieron con apego a la Constitución.