Nayarit y Tabasco, 23 de junio. En Nayarit, usuarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que en los últimos meses han realizado bloqueos y tomas de las instalaciones de la paraestatal para demandar la reducción de las tarifas de luz en la costa norte de la entidad, partieron hoy hacia la ciudad de México, donde este miércoles insistirán en sus demandas.

José Luis González Mora, que encabeza a los demandantes, señaló que acudirán ante la propia CFE, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional del Agua (CNA), que son las involucradas en la posible reducción de las tarifas.

Apoyados por el Congreso del estado, que les proporcionó el transporte, y por el senador del PRD, Javier Castellón Fonseca, que les gestionó citas con el subdirector de la CFE, Enrique Vargas Nieto, así como con funcionarios de Hacienda y de la CNA, la comisión de 50 personas presentará un proyecto para que la tarifa que se cobra en la entidad sea la denominada 1D y no la 1B que se aplica y que es muy cara, informó.

En mayo y lo que va de junio grupos de entre 200 y 500 usuarios han realizado tres marchas por las calles de esta cabecera municipal y de otras localidades del norte, han bloqueado en dos ocasiones la entrada a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad en esta localidad, y el pasado 11 de junio tomaron dichas oficinas impidiendo la realización de labores, en demanda de un cambio de tarifas y porque se detengan los cobros excesivos.

Años de quejas sin resultados

María Olán López tiene su casa en el municipio de Cárdenas, en Tabasco. Son tres piezas, una de ellas la recámara. Por seis focos y el consumo del refrigerador pagaba bimestralmente entre mil y mil 200 pesos. Era uno de esos usuarios de la Comisión Federal de Electricidad que constantemente cuestionaba el monto porque le parecía un auténtico robo. Hace un par de meses decidió instalar un equipo de aire acondicionado para la recámara, y ahora –narra– está en un verdadero martirio: el último recibo le llegó por 11 mil pesos. ¡Sólo vamos a trabajar para pagarle a la CFE!, exclama.

Los tabasqueños tienen un conflicto de varios años con la Comisión Federal de Electricidad por las altas tarifas que deben pagar. El problema no es privativo de una zona o colonia con cierto nivel de ingresos. A zonas residenciales y casas de colonias populares llegan recibos con montos de 8 mil y 10 mil pesos. Los negocios más modestos fácilmente pueden recibir una factura de 40 mil pesos.

El Acuerdo Solidario Compensatorio (ASC) firmado en octubre de 2007 entre los gobiernos federal y estatal, según el cual bajarían las tarifas eléctricas en la entidad y se condonarían los adeudos a usuarios morosos, no ha dado resultados.

Aunque el gobierno del estado informó que de 302 mil 685 usuarios con tarifas doméstica y comercial que se encontraban en resistencia de pago hace un par de años, actualmente sólo quedan 82 mil, todos los días se escuchan quejas por el cobro.

De acuerdo con datos dados a conocer por la CFE el pasado 26 de mayo, la deuda histórica de 3 mil 100 millones de pesos derivada de la resistencia civil disminuyó a 700 millones de pesos, cifra que representa una reducción de 77 por ciento.

El movimiento de no pago empezó en 1996 encabezado por el PRD, partido que, contrario a la postura oficial, asegura que alrededor de 250 mil tabasqueños aún siguen en resistencia civil, cuando el padrón de usuarios es de 568 mil.

Para el domicilio de Sofía Garrido, que vive en la zona residencial de Ciudad Deportiva, el recibo que pagaba hasta el año pasado oscilaba entre los 3 mil 200 a 4 mil pesos. Ahora le facturan 10 mil pesos. Tiene un adeudo acumulado con la CFE de 41 mil pesos. No sé qué hacer, no los puedo pagar y si va uno a la CFE sólo te dicen que esa es la cantidad que está en el sistema.

El problema es tan agobiante, que el pasado 4 de junio el propio secretario de Gobierno de Tabasco, Humberto Mayans Canabal, declaró a la prensa que las cifras tan elevadas que llegan en los recibos (de la electricidad) lastiman el bolsillo de los tabasqueños, situación que la dependencia federal debe corregir de inmediato.

Jesús Narváez y René Alberto López