Chihuahua, Chih., 23 de junio. Las autoridades tradicionales del ejido rarámuri Baqueachi advirtieron sobre el riesgo de un brote de violencia, ante las presiones y hostigamiento de que son objeto por un grupo de mestizos que han invadido sus tierras con ganado y pretenden apropiarse de parte de la dotación ejidal, con la complacencia de las autoridades de la delegación de la Procuraduría Agraria.

Los dirigentes rarámuris acudieron al Congreso del estado para solicitar apoyo de los legisladores debido a que los mestizos se niegan acatar el fallo del Tribunal Agrario, que ya desechó su demanda de ser reconocidos como ejidatarios dentro del núcleo ejidal, compuesto en su totalidad por indígenas, y pretenden apropiarse de las tierras de agostadero que forman la propiedad comunal.

Patricio Chávez Gabriel, primer gobernador indígena, y la apoderada legal del ejido, Estela Ángeles Mondragón, señalaron que 30 mestizos encabezados por José María Sandoval Espino, ranchero dueño de 4 mil 500 hectáreas de agostadero cercanas a Baqueachi, han invadido con su ganado las tierras ejidales y demandaron ante el Tribunal Agrario su reconocimiento como miembros del núcleo ejidal, lo que les fue rechazado en sentencia emitida en 13 juicios y se mantienen en revisión otros 15, en los que no han podido comprobar que posean derechos originarios en el núcleo productivo.

En esos juicios, el representante de los mestizos fue la misma Procuraduría Agraria, y su delegado estatal Pedro Martínez Chairez, quienes se han dedicado a hostigar a los indígenas y a enviar gente para que firmen documentos en blanco, en lugar de buscar que se respete el derecho y la decisión del tribunal, sostuvo Mondragón.

Chávez Gabriel denunció que él fue detenido y bajado de un camión de transporte público hace algunas semanas con base en acusaciones falsas de haber robado dos vacas, para amedrentarlo por su negativa a que la comunidad abandone su defensa legal en los juicios que siguen en tribunales.

Incluso, la apoderada Mondragón y al abogado Ernesto Rábago, así como el párroco Ignacio Becerra Trigueros, fueron acusados en un periódico local de formar una célula de la guerrilla zapatista que incita conflictos sociales en el municipio de Carichic.

Por medio del diputado perredista Víctor Quintana Silveyra, las autoridades tradicionales de Baqueachi pidieron la intervención del Poder Legislativo para que la Procuraduría Agraria retome su labor de atender y conciliar en el conflicto antes de que haya un brote de violencia.

No buscamos pleitos, pero nos vamos a defender con las leyes, aseguraron Chávez Gabriel y Ángeles Mondragón. Agregaron que lo que no han podido ganar en juicio, los ganaderos lo quieren sacar con presiones y calumnias.