Lima, 23 de junio. El gobierno peruano autorizó hoy a las fuerzas militares a intervenir en apoyo a la policía en tres regiones de los Andes centrales y del sudeste del país, donde se desarrollan jornadas de protestas sociales y bloqueos de carreteras, mientras que el renunciante primer ministro Yehude Simon comenzó un diálogo con los huelguistas en la zona.

La medida mediante decreto, que tendrá duración de 10 días, comprende los departamentos andinos de Apurímac, Cusco y Junín, donde se desarrollan las protesta con episodios de violencia.

En el texto se establece que el objetivo es garantizar el funcionamiento de los servicios públicos afectados por paros que impiden el desarrollo de las actividades.

Las protestas están concentradas en las provincias de Andahuaylas (Apurímac) y Canchis (Cusco), donde hoy se completan 13 y 12 días de huelga cívica, respectivamente, y en La Oroya (Junín), donde trabajadores de la minera estadunidense Doe Run y sus familiares bloquean por reinvindicaciones, desde el pasado lunes, una estratégica carretera.

En tanto, organizaciones cívicas del departamento de Puno informaron que preparan protestas similares, mientras que los productores de coca de la selva central anunciaron movilizaciones con bloqueos de vías incluidos.

En contraste con esta nueva efervescencia social, el gobierno levantó este martes el estado de emergencia en la Amazonia, escenario de una huelga indígena que se prolongó por 70 días y en la que murieron al menos 34 personas, según cifras del gobierno, lo que obligó al presidente Alan García a dar marcha atrás y pedir al Congreso derogar dos decretos sobre explotación de tierras que amenazaban a los pueblos originarios y favorecían a las trasnacionales.

Bloqueo de rutas

El presidente del consejo de ministros, Yehude Simon, está en Andahuaylas, paralizada con bloqueos de rutas y la vía al aeropuerto también obstruida. Allí inició pláticas con unos 80 líderes, con quienes llegó al acuerdo de crear una comisión permanente con delegados de comunidades para canalizar las demandas de la zona.

En esa provincia, al igual que en Canchis, a donde irá mañana el jefe del gabinete, la agenda es variada y comprende los más diversos aspectos. Simon dijo que está negociando directamente con los campesinos y demostrar así que con el diálogo se pueden resolver los problemas, porque no es justo que se tome una ciudad.

La interpelación del Congreso tanto a Simon como a la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, que estaba prevista para este miércoles, se pospuso para el jueves, informó el líder del Legislativo Javier Velásquez Quesquén, quien explicó que el propio primer ministro lo solicitó debido a que se encuentra en el sur del país para atender los conflictos sociales.

Los funcionarios serán interpelados por los sucesos de la Amazonia, en los que murieron al menos 24 policías y 10 indígenas hace 18 días. La censura al primer ministro obligaría a la renuncia de todo el gabinete ministerial.

De entrada, la bancada del ex presidente Alberto Fujimori –aliada del gobierno– anunció que votará por la censura por su pésimo manejo de la crisis, al igual que la bancada nacionalista y otros grupos independientes.

En tanto, el bloque conservador Unidad Nacional todavía no ha tomado una posición.

El gobierno y los indígenas se acusan mutuamente del desenlace de los sucesos violentos del 5 y 6 de junio en la localidad de Bagua.

Mientras tanto, la televisión local maneja la teoría de que militares indígenas habrían disparado contra la policía, según un video en que un general advierte a sus subordinados que soldados nativos se habrían escapado con armas de su cuartel en la zona.