El impuesto sobre nóminas se aplica prácticamente en todos los estados del país y consiste en que los patrones o empleadores deben pagar al fisco el 2 por ciento en promedio del total de salarios o sueldos, incluidos tiempos extra, bonos, primas de antigüedad, comisiones, ayudas, etcétera, que entreguen a sus empleados.

A partir de la decisión de ayer que obliga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) –el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no se inconformó legalmente por el pago de dicho tributo– a pagar dicho impuesto, el Poder Judicial de la Federación (PJF) aportará al fisco lo que corresponde por contar con 36 mil 188 trabajadores.

Las arcas estatales recibirán recursos por la aplicación del impuesto a los 21 mil 889 millones 112 mil pesos que reciben los trabajadores del PJF anualmente.

El Distrito Federal será el más beneficiado, ya que en la capital del país están las sedes de la SCJN y el CJF (y con ello los funcionarios mejor pagados) y el mayor número de tribunales y juzgados federales a esacala nacional.

Por el concepto de los sueldos de los ministros (11), magistrados electorales (siete) y consejeros de la Judicatura (seis), el gobierno capitalino aplicará el 2 por ciento a una suma de salarios anual de 99 millones 522 mil 970 pesos. Además del tributo por el sueldo de 168 magistrados de circuito con sueldo anual, cada uno, de 2 millones 400 mil pesos; y de los 67 jueces de distrito adscritos a la capital del país y que reciben un millón 900 mil pesos por año.