San Cristóbal de las Casas, Chis., 23 de junio. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) acusó hoy al gobierno de Chiapas de tergiversar información sobre conflictos sociales, practicar la censura de los medios de comunicación y establecer campañas mediáticas como estrategia contra los derechos humanos.

En particular, consideró la detención en abril, y la posterior liberación de Miguel Vázquez Moreno, base de apoyo del EZLN, como una acción mediática dentro de la operación de control territorial del gobierno en la región de Agua Azul, con informaciones falsas e intentando una suerte de celada publicitaria a la junta de buen gobierno (JBG) del caracol zapatista de Morelia.

El 14 de mayo, Vázquez Moreno abandonó el penal de El Amate. Era uno de los tzeltales “detenidos y criminalizados por la acción de resistencia al proyecto de inversión del gobierno sobre el territorio indígena de la región por parte de los ejidatarios de San Sebastián Bachajón, adherentes a la otra campaña”, explica el CDHFBC.

El comerciante zapatista había sido aprehendido, torturado, arraigado y encarcelado en abril junto con siete ejidatarios de la otra campaña, y exhibido como delincuente desde el primer momento, sin pruebas. Los otros, al no ser bases zapatistas, permanecen en prisión.

Sin notificar a sus defensores, Vázquez Moreno fue trasladado a Tuxtla Gutiérrez y posteriormente al crucero Agua Azul, hasta la puerta de su casa. Pero no de un tirón, como se hizo creer entonces en la información gubernamental.

El gobierno de Juan Sabines Guerrero está operando una campaña de desinformación y criminalización de la protesta social, usando el erario para realizar inserciones en prensa donde afirmó que el 15 de mayo Vázquez Moreno fue entregado en la sede de la JBG de Morelia. Inquirida por el CDHFBC, la junta negó enérgicamente esa versión.

Según el pronunciamiento, “la intención del gobierno del estado era establecer un diálogo con las autoridades autónomas y ‘tomarse la foto’, (para) mediatizar el supuesto respeto a las JBG y los derechos humanos. La operación falló”.

Desde el 8 de mayo, la Secretaría General de Gobierno, a cargo de Noé Castañón León, utilizó a Julio Toledo, presidente de la ARIC-Unión de Uniones, como su emisario ante la JBG, con la instrucción de convencer a sus miembros de acudir a Ocosingo “a platicar porque ‘les iba a ayudar a liberar a los presos’, pero omitiendo que miembros de la secretaría los esperarían en un espacio pactado con el emisario”.

Pese a la treta fallida, la secretaría de Gobierno insistió en tomar la foto de la liberación para mediatizarla, y el indígena fue trasladado a su casa por los licenciados José Manuel Morales, delegado de Gobierno en Ocosingo; Marco Antonio Ruiz y Rigoberto Fino Nájera, quienes lo fotografiaron con su familia para la prensa local.

Miguel había sido detenido el 18 de abril por Rigoberto Urbina Zenteno y Sergio Luis Alfallo Pérez, elementos de la Policía Estatal de Caminos. La Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada (FECDO) determinó su legal detención y tramitó su arraigo a partir del dicho de los propios policías aprehensores, presuntamente asaltados por el indígena.

El ahora liberado testimonió en su momento: me esposaron, me subieron en su carro y me llevaron directo a Tuxtla Gutiérrez; dos días después me vendaron mi ojo y todo mi cuerpo sin moverme y fui obligado a firmar un papel y si no lo firmo, que me van a matar y me van a arrojar al río y pregunté si puedo leer el papel y me dijeron que no.

El CDHFBC sostiene que Vázquez Moreno “fue detenido de manera ilegal, torturado y privado de su libertad bajo falsas acusaciones, de la misma manera que los siete adherentes de la otra campaña, todo esto dentro de la FECDO”. Repetidamente, el centro ha documentado cómo en esta fiscalía “se dan actos violatorios de derechos humanos de manera sistemática, a partir de la figura de ‘arraigo’”.