Se mantienen dos focos de tensión regional con paros y cierre de carreteras
Advierten inconformes que retomarán protestas si incumplen promesa de no privatizar el aeropuerto
Jueves 25 de junio de 2009, p. 26
Lima, 24 de junio. El gobierno de Perú logró un acuerdo para terminar con la huelga en la provincia de Andahuaylas, que mantuvo bloqueadas las carreteras durante 13 días y el aeropuerto local sin funcionamiento, pero un nuevo conflicto estalló y se mantienen otros dos focos de tensión regional con paros y cierre de rutas.
El primer ministro renunciante, Yehude Simon, firmó anoche un acuerdo con los representantes de los campesinos, mediante el cual el gobierno se compromete a construir una carretera y a no privatizar el aeropuerto del departamento de Apurimac, al que pertenece Andahuaylas, entre otras cosas. Empero, los campesinos señalaron que si el gobierno incumple lo pactado, el paro se retomará en septiembre.
Tras la firma del acuerdo, Simón viajó a la provincia de Canchis, departamento de Cusco, donde desde hace 13 días los campesinos exigen solución a sus demandas, entre las que destacan que no se otorguen concesiones mineras en esa zona, suspensión de la construcción de una empresa hidroeléctrica y la derogación de la legislación sobre recursos hídricos. No obstante, el funcionario no logró ningún acuerdo en sus pláticas con los dirigentes de la protesta.
También en Cusco, unos 3 mil trabajadores de la minera estadunidnese Doe Run, en huelga para protestar por la suspensión de operaciones de esa empresa en la ciudad de La Oroya, mantienen bloqueada por tercer día la carretera central, que une Lima con la región centroandina y la selva central del país. Mientras, en el departamento de Puno empezó un paro campesino de tres días para exigir al gobierno que se derogue la ley de aguas –recurso considerado patrimonio nacional– porque, dicen, podría significar su privatización.
En tanto, las fuerzas armadas negaron que soldados activos hayan participado en los hechos de violencia de hace 19 días en la amazonia, en los que murieron 34 personas, mientras el ministro del Exterior, José Antonio García Belaunde, rechazó acusaciones de genocidio de nativos, divulgadas por organizaciones de derechos humanos y de Bolivia.