Hermosillo, Son., 24 de junio. Unas 80 personas, entre ellas varias empleadas de guarderías subrogadas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se manifestaron frente a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación en esta ciudad para denunciar acoso policiaco en contra de algunas trabajadoras y sus familias, y protestar por la detención de nueve funcionarios de menor nivel –ocho de las cuales quedaron en libertad la medianoche del martes–, que tenían pocas atribuciones para prevenir el incendio de la guardería ABC.

Víctor Manuel Barredas Valenzuela, primo de Yadira Barredas, una de las coordinadoras de zona del IMSS contra la que presuntamente hay una orden de aprehensión, detalló que agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) catearon su hogar sin orden de por medio, además de ser amenazado.

La justicia no se construye cometiendo injusticias, dijo, y relató que el sábado fue a orar por la familia en casa de Yadira, y a partir de ese día no han dejado de seguirlo agentes que creen que ella está conmigo, y desde el domingo estuvieron tomando fotos de su casa.

¡Justicia, justicia!, coreaban los manifestantes, entre ellos tres niñas que no paraban de llorar y de pedir, junto con los asistentes a la marcha, la libertad de su madre, Irma Crescencio Díaz Gómez, coordinadora de zona de guarderías del Seguro Social, única de las nueve personas detenidas el lunes pasado que sigue presa.

Los siete empleados de la Secretaría de Hacienda que fueron liberados son Manuel Gaxiola Santacruz, Francisco Arturo Bracamontes Córdova, Juan Parra Valenzuela, Ignacio Aduendas Salazar, Álvaro Pacheco Ferral, Jorge Antonio Lavandera Peñúñuri y Arturo Torres Escalante, quienes pagaron una fianza de 20 mil pesos.

Los asistentes a la protesta pidieron también detener el proceso judicial contra Delia Irene Botello Amante, otra funcionaria menor del Seguro Social que fue detenida el lunes, pero consiguió un amparo provisional y dejó la prisión.

Catalina Soto Cota, vocera de los familiares de los niños afectados, dijo que los gobiernos estatal y federal se dedican a echarse culpas, con lo que retrasan la llegada de la justicia y dejan que los dueños de la estancia infantil estén libres y tal vez fuera del país. No necesitamos apapachos, no necesitamos que vayan el gobernador o la esposa del Presidente a ver a las familias de los niños, lo que requerimos es justicia, dijo Soto Cota, también coordinadora del Movimiento 5 de Junio por la Justicia.

Algunos padres de las víctimas coincidieron en que la tragedia no ha sido más que agrandada al meter a la cárcel a funcionarios de menor nivel, como almacenistas y analistas de datos, que ahora son también afectados por la ausencia de justicia.

Trasladan a Sacramento a otra de las niñas

Daniela Reyes, quien era atendida en Guadalajara, Jalisco, fue trasladada al hospital Shriners de Sacramento, California, donde continuará su recuperación, informó el IMSS.

Marcelo Castillero Manzano, director del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional de Occidente, recordó que Daniela ingresó el 7 de junio a la Unidad de Quemados en una condición de extrema gravedad, por presentar quemaduras de tercer grado en 80 por ciento de su cuerpo.

Fue la que tuvo la condición más grave de los 10 niños procedentes de Sonora que llegaron a Guadalajara. Durante su estancia tuvo insuficiencia renal, pancreatitis hemorrágica y un problema pulmonar que requirió de un ventilador especial.

De los otros tres menores internados ahí (César, Emilia y Paulina), su estado de salud pasó de grave a delicado y evolucionan favorablemente en el área de terapia intermedia. “Ya nos están pidiendo de comer huevos con jamón, quieren tortillas de harina y coyotas, y ya quieren tener a sus papás todo el tiempo”, agregó Castillero Manzano.

(Con información de Juan G. Partida)