El gobierno federal se deslindó de la filtración documental en la que un testigo protegido señala que el gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, tiene vínculos con el crimen organizado. En conferencia de prensa, el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, reiteró que el mandatario estatal no tiene nexos con la delincuencia.

Por su parte, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, demandó que se lleve a cabo una investigación para saber quién filtró esa información. Resulta curioso que esta petición la realice también a nombre del procurador general, que es el titular del Ministeriuo Público federal.

Medina Mora aclaró que los señalamientos del testigo protegido eran de oídas, no de una circunstancia que le conste a la persona que hizo esta declaración. De hecho, las aseveraciones no se concretan ni se sustentan en ninguna otra evidencia.

Al respecto, Gómez Mont deslindó a la PGR de haber filtrado información, pues dijo que cuando dicha versión fue entregada a un medio, el expediente ya estaba en un estadio distinto, es decir, el caso había pasado a manos el Poder Judicial de la Federación.

El secretario de Gobernación agregó: el hecho de que personas distintas a la PGR tuvieran acceso a dicha información y le dieran un uso mezquino y cobarde para denostar al gobierno de Michoacán, no le puede ser imputado al gobierno federal, pues su deber de sigilo y custodia (de la averiguación previa) cesó al pasarla al Poder Judicial de la Federación.

Estas declaraciones se dieron durante un receso del foro nacional Seguridad con Justicia, en el que participaron el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna; el procurador Medina Mora, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Édgar Elías Azar.

García Luna señaló durante su intervención que la seguridad pública debe ser una definición de Estado, lo que implica que todos los actores involucrados sean corresponsables del esfuerzo en la materia, y puntualizó que el gran déficit de seguridad radica en el rompimiento entre la sociedad y la autoridad, ya que este binomio es la base de un Estado seguro.

En tanto, Medina Mora aseguró que se ha avanzado en la aplicación de la reforma en materia penal, y precisó que, por ejemplo, la PGR ha solicitado mil 306 órdenes de cateo y 44 arraigos; 92 por ciento de las solicitudes han sido otorgadas, y 80 por ciento de los cateos ha tenido resultados positivos.

Asimismo habló sobre la necesidad de que se otorguen mayores recursos a los poderes judiciales de los estados, pues reconoció que se les han agregado cargas de trabajo, como son los asuntos en materia mercantil, justicia para adolescentes y narcomenudeo.

En su intervención, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Elías Azar, señaló que a los jueces no les tiembla la mano para dictar sentencias, e informó que de diciembre de 2008 a mayo de este año han sido sentenciados 158 secuestradores, y 93 por ciento de ellos purgan penas de 35 años en promedio.

Sin embargo, dejó en claro que no es lo mismo detener que demostrar la culpabilidad.