En el foro Seguridad con Justicia, que organizaron asociaciones civiles, el perredista Jesús Ortega propuso que la Procuraduría General de la República (PGR) se convierta en un órgano autónomo que rinda cuentas al Poder Legislativo, porque el procurador federal en lugar de perseguir delincuentes persigue votos.

En su intervención, el panista César Nava indicó: el presidente Calderón no fue quien dividió a Michoacán ni Leonel Godoy, fue el narcotráfico, y agregó: fue una acción sin colores que esperamos se repita en otros estados pues el narcotráfico se ha apoderado de la función administrativa; materialmente ejerce la función legislativa, fiscal y policial en algunas porciones del territorio.

En el debate participó también el secretario general del PRI, Jesús Murillo Karam, y tanto el perredista como el priísta criticaron a la administración de Felipe Calderón por retrasar ocho meses el tiempo que marcó el Legislativo para integrar la comisión que impulsará el establecimiento de la reforma penal en el país.

Los dirigentes de PRI y PRD coincidieron en que la responsabilidad del Poder Legislativo concluyó con la aprobación de las modificaciones legales; toca al Ejecutivo cumplir con las reformas aprobadas, por lo que también pidieron a los actores políticos que dejen de culpar de todo al Congreso.

César Nava contestó que para él es parcial e injusto que se juzgue el avance de las reformas en razón de la instalación de la comisión, porque en este país nunca una comisión ha sido el motor de un cambio o una reforma, al contrario, y justificó: nos hemos tardado más en discutir el cómo que en ver el fondo.

En ese contexto, Jesús Ortega criticó la manera en que la PGR ha utilizado la figura del arraigo y la aplicación de la ley, por ello propuso que la dependencia que dirige Eduardo Medina Mora sea un órgano autónomo a los poderes de la Unión, pues hoy sucede que un procurador de justicia de la Federación en lugar de perseguir delincuentes persigue votos y se convierte en un desastre para el país. Ha vinculado estrechamente la responsabilidad con una lucha político-electoral, lo que es absolutamente inadmisible.

Murillo Karam manifestó entonces que la PGR debe convertirse en un órgano independiente, mas no autónomo.

El panista apuntó que el combate al narcotráfico no puede verse como un asunto secundario en la agenda gubernamental, pues el crimen organizado no sólo se ha apoderado de la cuestión legislativa, sino que materialmente ejerce la función fiscal y policiaca. El tema es el más urgente para territorio mexicano.

Al término de su participación en el foro, César Nava declaró: hay focos rojos de control, en cuestión del narcotráfico a nivel municipal en estados como Veracruz, Durango, Tamaulipas, Chihuahua, Michoacán y Sinaloa. Son estados que nos preocupan y en donde seguiremos exigiendo que se actúe para erradicar este cáncer y regresar al Estado mexicano el pleno control territorial.

En este foro, el gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza Terrazas, dijo que el gran número de ejecuciones ocurridas en esa entidad se deben a la lucha entre organizaciones criminales; rechazó lo dicho por Nava al señalar que en esa entidad no existe ninguna zona controlada por grupos criminales, lo que hay es una guerra en contra de ellos. Este gobierno no ha claudicado ni lo hará, y lo cierto es que los grupos acosan a la población tratando de extorsionar, pero estamos trabajando para evitar que eso ocurra.

Agregó que los señalamientos de César Nava “son tanto como desestimar la presencia de 10 mil efectivos del Ejército que hacen un trabajo diario; el trabajo de los 2 mil 500 agentes de la Policía Federal y miles de elementos de las corporaciones locales.

El reto es que para finales de este año tengamos 3 mil policías municipales y los militares regresen a sus labores normales.

El gobernador de Chihuahua consideró que para impulsar la reforma penal hace falta voluntad política y la convicción de que es un instrumento trascendente para combatir la impunidad.

El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, mencionó que una reforma de esta envergadura no puede garantizar su éxito, si no hay previsión presupuestal y dijo que hace falta sentar bases de coordinación entre los distintos niveles de gobierno para combatir el crimen.

Agregó que para implementar en el DF la reforma constitucional se debe incrementar de 70 a 300 el número de juzgados, para lo que se requiere de una inversión de 8 mil millones de pesos. Tengo que ser muy responsable y nosotros no vamos a crear 230 juzgados cuando sé que no hay dinero.

Emilio González, gobernador de Jalisco, mencionó que no se puede hablar de coordinación como un acto burocrático o de firma de papeles.

Natividad González Parás, mandatario de Nuevo León, se pronunció por utilizar herramientas transformadoras como son los juicios orales, y resaltó que el combate al crimen organizado debe ser prioridad de Estado y por lo tanto debe haber voluntad y presupuesto para efectuar esa tarea.

En tanto, Enrique Peña Nieto, titular del Ejecutivo del estado de México, expuso que es necesaria una coordinación para conseguir una labor mucho más eficaz y exitosa en el combate a la inseguridad.