San Salvador Atenco, Méx., 26 de junio. La Secretaría de Finanzas mexiquense, en cumplimiento de la sentencia del juez primero penal de Texcoco, embargará la vivienda del dirigente del movimiento atenquense, Ignacio del Valle Medina, pues una de sus sentencias de 45 años de cárcel incluye 157 mil pesos de multa como reparación del daño en el proceso por secuestro que se le instruye.

Leonel Rivero –abogado del líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) sentenciado a 112 años de cárcel y actualmente preso en el penal de El Altiplano– consideró insólito e ilegal que el juez acordara ejecutar la sentencia cuando aún falta recurrir al juicio de amparo.

A su vez, unos 150 pobladores de Atenco se apostaron en la vivienda del dirigente, ubicada en el centro del poblado, para impedir que notificadores y ejecutores de la oficina del Centro de Servicios Fiscales de Texcoco realizaran el embargo programado para este viernes.

Con una cadena humana alrededor de la vivienda y un mitin encabezado por María Trinidad Ramírez –esposa de Ignacio del Valle–, los atenquenses esperaron al personal responsable del procedimiento pero no se hizo presente.

El jueves por la tarde un emisario dejó en la vivienda del dirigente un citatorio firmado por María Verónica Munguía Cruz, titular del Centro de Servicios Fiscales texcocano, con el requerimiento de pago y notificación de embargo dirigidos a Del Valle, instándolo a cubrir la multa este viernes.

El abogado Leonel Rivero explicó que Jorge Cervantes Juárez, juez primero penal con sede en el reclusorio Molino de Flores, de Texcoco, dictó a Del Valle una sentencia de 45 años de prisión el 21 de agosto de 2008 por el delito de secuestro equiparado, multándolo además con el equivalente a 2 mil 850 salarios mínimos por encabezar el movimiento atenquense durante la represión policial de 2006.

Fue el pasado 23 de marzo cuando el juez, de forma ilegal e inaudita acordó ejecutar la sentencia; esto es, la consideró irrevocable por ya no proceder ningún recurso establecido en la ley, y giró un oficio a la Secretaría de Finanzas para que hiciera efectiva la multa.

Según el defensor, al estar pendiente el juicio de amparo es improcedente la decisión del juez, porque el proceso de ejecución y embargo hará incautar los bienes muebles e inmuebles de Ignacio del Valle y en algún momento sacarlos a remate, lo cual sería un hecho irreparable.

El embargo pretende garantizar el pago de la multa de 130 mil 548 pesos más gastos de ejecución, para sumar 157 mil; y es ilegal pues el artículo 22 de la Ley de Amparo no da plazo para interponer juicio de garantías contra la sentencia, de modo que el juez no puede declarar una ejecutoria sin los recursos legales agotados.

Es la primera vez que nos ocurre. Los jueces nunca decretan la ejecutoria hasta en tanto se resuelva el amparo. Nosotros vamos a promover un recurso de inconformidad contra la decisión administrativa de ejecución del embargo y la demanda de amparo indirecto contra la decisión del juez de tener por ejecutoriada la sentencia, dijo el defensor.