onduras vive desde hace varios días una profunda crisis política a consecuencia de la iniciativa, lanzada por el presidente Manuel Zelaya y respaldada por distintos sectores de la sociedad, de realizar una encuesta con miras al establecimiento de una asamblea constituyente.

El pasado miércoles, el jefe del estado mayor conjunto de Honduras, Romeo Vásquez, se negó a acatar la orden presidencial de brindar apoyo logístico durante la consulta popular –que se realiza hoy en esa nación centroamericana–, lo que provocó la destitución del funcionario y generó también la renuncia del ministro de Defensa, Ángel Orellana. En respuesta, cientos de reservistas del ejército se movilizaron desde el pasado jueves y ayer establecieron retenes en los principales accesos a la capital, Tegucigalpa. Por añadidura, la situación ha derivado en una confrontación entre los poderes establecidos en esa nación: la Suprema Corte de Justicia rechazó la destitución de Vásquez por considerarla infundada, mientras el Congreso –que ha calificado de ilegal la consulta de hoy– amaga desde hace días con declarar al mandatario incompetente para gobernar. A estas oposiciones se suman las de la Iglesia y las cúpulas de empresarios, que han llamado a los ciudadanos a no salir a las calles a fin de evitar disturbios, y acusan al actual mandatario de querer perpetuarse en el poder, si bien este señaló, en una entrevista realizada el pasado viernes, que dejará el cargo en enero de 2010 –cuando corresponde– y que sólo aspira a legar un país y una democracia con reformas, con un proceso de participación activa.

Estos hechos, calificados en conjunto como un intento de golpe de Estado, han sido rechazados por distintas instancias internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y el Grupo de Río, así como por los gobiernos que integran la Alternativa Bolivariana para las Américas (Alba).

La convocatoria a una nueva constituyente no es un hecho inédito en América Latina: otro tanto ha ocurrido ya en distintas naciones de la región ante la necesidad de reformar expresiones de pactos oligárquicos, anacrónicos y discordes con las necesidades y demandas de la población. En ese sentido, lo que hoy se vive en Honduras es una repetición de lo que ha ocurrido en países como Venezuela, Bolivia y Ecuador: el rechazo y la embestida de los grupos privilegiados que buscan por distintos medios, legales o no, defender un status quo favorable a sus intereses.

Adicionalmente, la crisis política por la que hoy atraviesa la nación centroamericana es resultado de distintos procesos. Dentro de ellos destaca el aislamiento sostenido que ha experimentado el propio Zelaya en el seno del Partido Liberal –instituto político conservador que lo llevó a la presidencia en 2005–, consecuencia de decisiones presidenciales que no han sido bien vistas por la oligarquía de ese país, como el convenio petrolero firmado con Venezuela y la posterior adhesión de su gobierno a la Alternativa Bolivariana de las Américas (Alba). En los hechos, tales decisiones han desviado a Honduras –en mayor o menor medida– de su papel y su proyección histórica como punta de lanza de los intereses económicos y geoestratégicos de Estados Unidos en la región, y acercaron al gobierno de Zelaya –emanado de las filas de la derecha– a un conjunto de regímenes progresistas latinoamericanos que reivindican la defensa de la soberanía y la justicia social.

Otro elemento a considerar en la configuración del conflicto hondureño es la existencia de un movimiento amplio y creciente –integrado por organizaciones indígenas, sindicales, campesinas y estudiantiles–, que hoy por hoy constituye la principal base de apoyo a la creación de un nuevo constituyente, y cuyo respaldo a la presidencia de Zelaya ha sido decisivo en las últimas horas: de manera significativa, el jueves por la tarde, el mandatario arribó a una base de la fuerza aérea hondureña en compañía de cientos de ciudadanos a recuperar el material electoral que se utilizará en la consulta de hoy, y que había sido decomisado por los militares.

Ante tales elementos de juicio, la crisis política en Honduras es, más que consecuencia de un proyecto político personal, el producto del choque entre un poder político-económico anquilosado y vetusto y una sociedad cada vez más organizada que demanda el cambio y la ampliación de las reglas democráticas en ese país.