Ante la falta de confianza y la decepción generada por las procuradurías General de la República (PGR) y de Justicia del estado de Sonora, porque ninguna de las dos ha actuado conforme a derecho para castigar a los responsables de la muerte de 48 menores en la guardería ABC de Hermosillo, padres de las víctimas solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ejerza su facultad de atracción e investigue el asunto.

Sin embargo, fuentes judiciales reconocieron que es muy difícil que la Corte conozca del caso y señalaron que la posición más optimista sería que algún ministro hiciera suya la petición, pero una vez que ya haya resoluciones judiciales al respecto.

Ninguno de los ministros hará lo anterior, al menos en este momento, confiaron los informantes, quienes agregaron que técnicamente la tragedia de Hermosillo pudiera equipararse actualmente a una violación grave de garantías individuales.

El asunto aún se encuentra en etapa de integración de la averiguación y es sumamente complicado atraer una indagatoria en estas condiciones, apuntaron las fuentes consultadas.

En representación de 30 familiares de víctimas que signaron le petición, la abogada Giovanna Valenzuela Contreras y los señores José Francisco García y Patricia Duarte Franco, se entrevistaron por separado con el ministro presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y con Genaro David Góngora Pimentel, a quienes manifestaron su indignación por la forma de actuar de las autoridades federales y estatales.

En entrevista, la abogada confíó en que la Corte, que no ve otras cosas más que la justicia y el sentido humano, decida conocer del asunto, aunque reconoció que se requiere que un ministro haga suya la petición con base en el artículo 97 constitucional, y la plantee ante el pleno para que éste determine si ejerce su facultad o no.

En los encuentros privados que sostuvieron con los ministros, trascendió, los quejosos les manifestaron su indignación por la propuesta que les hizo el gobierno que encabeza Eduardo Bours de que ya no se metan en este asunto y que el estado sea el que haga suya la demanda y que éste demande a nombre de los papás por una suma de alrededor de un millón 400 mil pesos.

–¿Qué les dio valor para venir a la Corte? –se le preguntó a Francisco García, uno de los padres afectados.

–Nuestro hijo nos dio valor, nosotros le enseñamos que deberíamos esforzarnos y seguir adelante y que había muchas cosas difíciles con las que había que luchar.

–¿No hay respuesta de las autoridades federales y estatales?

–No, definitivamente no tenemos confianza, ni localmente ni en lo federal; no confiamos ni en la PGR ni en la procuraduría del estado. No hay arraigados, no hay seguimiento realmente, nos quieren ver la cara de tontos, y no lo somos. No tengo confianza en las autoridades, estoy decepcionado de lo que ha pasado.

En el documento que le hicieron llegar a cada uno de los 11 ministros, señalan que a 25 días de la tragedia sólo hemos presenciado los esfuerzos que han hecho una y otra procuraduría, y unos y otros niveles de gobierno, por culparse mutuamente y proteger sus respectivos intereses, funcionarios y allegados.

Precisaron que no se trata sólo de los 48 menores muertos, 75 tienen lesiones con diversos niveles de gravedad, muchos más tienen secuelas de daño sicológico, esto sin contar la situación de los padres.

Exigieron a la PGR separar de su cargo y arraigar a todos los probables responsables para que no evadan la justicia: propietarios de la guardería, funcionarios del IMSS (desde su director, Daniel Karam, hasta su antecesor, Juan Molinar Horcasitas), al secretario estatal de Finanzas y los responsables de protección civil, estatal y municipal.

Finalmente, reiteraron su convocatoria para la marcha nacional del próximo 4 de julio para exigir que se haga justicia.