María Marván, comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), refirió que aun cuando no se dio un plazo al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para que subiera a su portal los mil 500 contratos de subrogación de guarderías, se le urgió a que en particular se den a conocer los de la estancia infantil ABC, de Hermosillo, Sonora, por la importancia social derivada del incendio que provocó la muerte de 48 infantes.

La comisionada del Instituto Nacional de Migración (INM), Cecilia Romero Castillo, fue citada a comparecer ante la Comisión Permanente para que informe sobre los presuntos actos de corrupción en los que se han visto involucrados agentes a su cargo, así como las acciones que se han tomado para evitar el contubernio entre el crimen organizado y funcionarios de la dependencia.

Con el voto disidente del comisionado Juan Pablo Guerrero, el pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información confirmó la clasificación del expediente de consignación de Mario Aburto Martínez, declarado culpable por la Procuraduría General de la República en 1995 por el homicidio de Luis Donaldo Colosio, ex candidato presidencial del PRI, así como el expediente médico del asesino. Durante de un debate de más de dos horas, en que Guerrero planteó que se diera acceso a la averiguación con que la PGR resolvió la consignación de Aburto, así como al expediente médico de éste, los comisionados María Marván, Jacqueline Peschard y Ángel José Trinidad se pronunciaron porque el pliego de consignación no se entregue, en virtud de que ese punto no había sido cuestionado por el solicitante de la información.

Empresas mexicanas están realizando una trampa jurídica para no pagar prestaciones a los trabajadores, la cual les ha permitido además evadir más de mil 900 millones de pesos del impuesto sobre la renta (ISR), ya que están haciendo pasar sus compañías como cooperativas y disfrazan a sus empleados jurídicamente bajo la figura de socios, se afirma en un documento que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) está distribuyendo en diversas empresas y fue hecho circular entre sindicatos integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores.

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión condenó ayer el golpe de Estado en Honduras y demandó el restablecimiento inmediato del orden constitucional y la restitución del presidente Manuel Zelaya, así como de las demás autoridades legalmente constituidas.