La comisionada del Instituto Nacional de Migración (INM), Cecilia Romero Castillo, fue citada a comparecer ante la Comisión Permanente para que informe sobre los presuntos actos de corrupción en los que se han visto involucrados agentes a su cargo, así como las acciones que se han tomado para evitar el contubernio entre el crimen organizado y funcionarios de la dependencia.

De igual forma, la Permanente solicitó a la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas que, de conformidad con la materia de su competencia, atraiga y actúe sobre el caso de trata de personas y explotación sexual por parte de funcionarios de la delegación estatal del INM en Yucatán.

También solicitó al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que asista en lo procedente a las ciudadanas extranjeras que presentaron la denuncia en contra de funcionarios del INM que presuntamente protegían a la red de tratantes y eran clientes en los negocios donde se prostituía a mujeres adolescentes.

El dictamen

En el dictamen que presentó la Primera Comisión de la Permanente al pleno se refiere que en Mérida, Yucatán, se denunció la existencia de una red de prostitución y trata de personas en la que presuntamente están involucrados agentes del INM en esa entidad, y que no sólo protegían a esa red, sino que además eran clientes en los negocios donde se prostituyen a menores de edad.

Se refiere el caso de dos jóvenes costarricenses que fueron rescatadas de una casa de la colonia México Oriente de la ciudad de Mérida, en donde aseguraron  que estaban secuestradas y eran obligadas a prostituirse, luego de haber sido introducidas a México con engaños.