oco después del mediodía de ayer, el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, dio a conocer que la institución a su cargo había ejercido acción penal contra nueve personas, servidores públicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y particulares, por el incendio, el pasado 5 de junio en Hermosillo, de la guardería subrogada por esa entidad a particulares, la ABC, en el cual murieron 48 infantes y decenas resultaron con graves lesiones. El funcionario se negó a nombrar a los indiciados porque, adujo, la autoridad judicial aún no había librado las órdenes de aprehensión correspondientes, por lo que la Procuraduría General de la República (PGR) se encuentra impedida legalmente para divulgar esa información. Sin embargo, en el curso de la tarde, desde la misma instancia se filtró a los medios que entre los acusados de homicidio culposo se encuentran los cinco propietarios de la guardería, y entre ellos, Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, familiar de Margarita Zavala, esposa del titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa. Adicionalmente están en la lista de indiciados el hasta hace poco delegado general del IMSS en Sonora, Arturo Leyva Lizárraga, dos apoderados legales de los socios de la guardería y la propietaria del inmueble.

En el contexto de los desmanejos en la procuración de justicia que han exasperado recientemente a la opinión pública (días después de la catástrofe, el propio Medina Mora advertía que nadie iría a la cárcel como consecuencia de las muertes de los menores) y con la sospecha generalizada de que esta importante función del Estado ha venido siendo utilizada por el grupo en el poder como una manera de hacer campaña electoral a trasmano en favor del partido gobernante y en contra de los de oposición, la manera de actuar de la PGR y de su titular en el caso de la tragedia de Hermosillo resultan, por decir lo menos, poco verosímiles, y ciertamente, irrespetuosas de la sociedad.

No debe pasarse por alto que la dependencia tardó cerca de tres semanas desde el incendio hasta que atrajo la investigación. A casi un mes del siniestro, resulta sumamente dudosa la coincidencia del anuncio formulado ayer por Medina Mora con el cierre formal de campañas políticas y el inicio de la prohibición de realizar propaganda partidaria. Desde esa perspectiva, el inicio de la acción penal, anunciado horas después de que Calderón Hinojosa dijera, desde Panamá, que no habría impunidad para nadie, parece más una movida electoral que una medida de procuración de justicia. Sea o no cierto, resulta inocultable que una orden de aprehensión contra una pariente política del jefe del Ejecutivo constituye una excelente manera de publicitar supuestas virtudes gubernamentales que, si fueran reales, habrían llevado a la PGR a ejercer su facultad de atracción del caso desde el mismo 5 de junio –había un argumento irrebatible para ello: se trataba de un establecimiento subrogado por una institución federal– y no cuatro días antes de las elecciones del domingo próximo, y a uno de que se inicie la veda propagandística para los partidos.

En esta lógica, no sólo persiste el empeño en instrumentar, para beneficio del partido gobernante, la muerte y el dolor de decenas de familias sonorenses, sino que se sigue eludiendo esclarecer la posible responsabilidad –así sea por omisión, así se trate de una mera responsabilidad política y no penal– de altos funcionarios del IMSS. Es significativo, a este respecto, que la bancada de Acción Nacional en San Lázaro haya maniobrado para conseguir que la comparecencia del titular del Seguro Social, Daniel Karam, fuera pospuesta para después de los comicios.

La sociedad sonorense y la nacional reclaman justicia, no golpeteo político, simulaciones ni aprovechamientos publicitarios. Por desgracia, no hay mucho margen para percibir de otra manera las medidas aquí comentadas.

De acuerdo con una encuesta realizada por el Banco de México (BdeM) entre analistas económicos del sector privado, el producto interno bruto del país sufrirá este año una contracción de 6.3 por ciento, cifra que rebasa la de por sí desalentadora proyección oficial que, a fines de mayo, prefiguraba una caída de 5.5 por ciento para ese indicador.

Estas estimaciones alarmantes complementan un panorama desolador para la economía nacional y para el conjunto de la población: el propio BdeM dijo ayer que las remesas hechas por los connacionales que viven en el extranjero –principalmente en Estados Unidos– se desplomaron 19.8 por ciento en mayo; en tanto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó hace unos días que la tasa de desocupación en México aumentó el mes pasado a 5.31 por ciento de la población económicamente activa (PEA), y que unas 478 mil personas han perdido sus trabajos desde enero, lo que representa la mayor tasa de desempleo en los últimos nueve años. Por su parte, la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) señaló que el desarrollo de la vivienda en México en el primer cuatrimestre de 2009 experimentó una contracción de 42% respecto del mismo periodo del año pasado como consecuencia de la falta de empleo y la recesión económica. A esos datos debe añadirse el desplome histórico de 20.6 por ciento que experimentaron en mayo los ingresos presupuestarios del sector público con respecto al mismo mes de 2008, de acuerdo con un informe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Las cifras que se comentan dan cuenta de la gravedad de una crisis que, no obstante los estragos que ha causado en los últimos meses en materia de bienestar social y el deterioro en la calidad de vida de la mayor parte de la población, no parece haber tocado fondo aún, como lo sugieren las versiones oficiales; por el contrario, todo indica que lo peor de la actual coyuntura económica está por venir y que el gobierno dispondrá en los meses próximos de menores recursos para afrontarla.

A estas alturas, cuando en muchas partes del mundo se han iniciado ya planes de acción gubernamentales para minimizar los efectos de la recesión, cabría esperar de las autoridades mexicanas un mínimo de realismo y voluntad de llamar a las cosas por su nombre, así como honestidad declarativa. Sin embargo, a casi dos años de los primeros indicios de la presente crisis, el gobierno federal continúa empeñado en edulcorar la realidad; si antes el discurso oficial minimizaba los riesgos de una crisis económica, hoy lo hace sobre sus efectos: ayer, el titular del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, quitó importancia al nivel de desempleo al señalar que la tasa de desocupación en el país es menor a la de naciones como Estados Unidos, España y Canadá.

La declaración del funcionario es improcedente y lamentable porque pone en relieve una proverbial arrogancia tecnocrática que soslaya las historias de sufrimiento personal y familiar que existen detrás de esos indicadores macroeconómicos, pero también porque omite el hecho de que las estadísticas del desempleo en México suelen encerrar una distorsión por cuanto no contemplan el subempleo y la informalidad: al respecto, son significativas las estimaciones del propio Inegi en el sentido de que el número de subocupados en el país ascendió a 12.5 por ciento de la PEA –es decir unos 5 millones 650 mil personas–, incremento que refleja el impacto que tuvieron, sobre la población ocupada, los paros técnicos en los que han incurrido las empresas como una medida para evitar en lo posible el despido y las medidas preventivas para evitar la propagación del brote de influenza A/H1N1.

En suma, a pesar de las evidencias de la catástrofe económica y social que ha azotado al país en los últimos meses, el gobierno sigue cerrando los ojos a la realidad y continúa sin atinar a dar una respuesta viable y consistente a una crisis que, a lo que puede verse, será mucho más prolongada y profunda de lo que se temía.