El subprocurador de Justicia Militar, coronel Alejandro Ramos Flores, rechazó ayer que la participación del Ejército Mexicano en el combate al crimen organizado signifique que en el país hay estado de excepción, ya que los soldados trabajan en coordinación con las autoridades federales.

Es más, añadió, los que menos quisiéramos estar ahí somos nosotros.

Al participar en el seminario Competencia del fuero militar para conocer casos de violencia de género, que organizó la Dirección de Equidad de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Ramos Flores agregó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no es opaca en materia de transparencia informativa, y que la reserva en la entrega de alguna información se debe a que se trata de cuestiones clasificadas y para preservar la seguridad o confidencialidad con que debe actuar la dependencia.

Por su parte, especialistas y defensores de los derechos humanos señalaron que ante el creciente número de violaciones a las garantías individuales cometidas por militares, y la impunidad de la que gozan los soldados acusados de cometer delitos en contra de la población civil, es urgente que la SCJN revise el fuero de guerra y determine sus límites y alcances,

Antecedente

Recordaron que el máximo tribunal atrajo tres amparos en los que se espera que los ministros delimiten el alcance del fuero de guerra cuando civiles son víctimas de actos de militares. Al respecto, el subprocurador castrense señaló que este fuero está previsto en la Constitución.

Elena Azaola Garrido, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social; Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Miguel Agustín Pro Juárez, y Juan Carlos Gutiérrez, director de la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, coincidieron en que las violaciones a las garantías individules por parte de los soldados se han incrementado sustancialmente en la presente administración.

Luis Arriaga reclamó que el número de quejas en contra de militares por violar los derechos de civiles han crecido en los años recientes, al pasar de 182 en 2006 a 237 en 2007 y 1230 en 2008.

Azaola Garrido criticó la falta de equidad de género en las fuerzas armadas, y puso de ejemplo que de 537 generales que hay en el Ejército, sólo siete son mujeres, y de éstas, ninguna pertenece a un arma, todas son de servicio.

Al respecto, el coronel Ramos Flores comentó que en los pasados dos años se ha intensificado una serie de medidas para facilitar el acceso de las mujeres al Ejército, con miras a incrementar el número en el servicio de las armas y mejorar su presencia en el instituto armado.