egún Federico Reyes Heroles, el consenso de los partidarios del voto nulo se podría enunciar así: no al exceso de recursos, no a la excesiva representación proporcional, sí a las candidaturas independientes (Reforma, 30/6/09). La pregunta es si esas medidas, entre otras que están en el tintero, ayudarían mucho o algo a mejorar la vida política o si, bajo la niebla del hartazgo, la irritación y/o el oportunismo hay in nuce una visión sustantiva acerca del régimen político y su funcionamiento que aún no acaba de expresarse. Decir que sí a los ciudadanos en contraposición a los partidos (entidades de interés público), negar la proporcionalidad, reducir el financiamiento al Instituto Federal Electoral (IFE) o permitir el dinero privado en las campañas, no son simples correcciones a las disposiciones legales vigentes sin consecuencias.

Adelanto una hipótesis: tras la pretensión de acotar el pluralismo y debilitar a los partidos está una visión que equipara el buen desempeño de la democracia con el modelo estadunidense. En otras palabras: se busca un bipartidismo ajustado a las condiciones de la crisis nacional que resulte funcional para las relaciones entre el Estado y los grupos de poder de la sociedad civil, aunque el forcejeo entre ellos siga presente y las tentaciones autoritarias se refuercen. No extraña que sea así después de las experiencias de 2006, cuando la presencia real de una tercera fuerza en discordia puso a temblar a las elites oligárquicas y les hizo tomar nota del peligro en ciernes. Veamos algunas de las iniciativas que tienen mayor consenso:

Relección de diputados. Sus promotores quieren sustituir la lealtad hacia el partido por la lealtad a los electores. Sin embargo, en la práctica, la presunta profesionalización, derivada de la repetición de curso, podría ser el origen de una casta política, eternizable en el cargo, más atenta a los intereses de poder en juego que a las demandas concretas de sus votantes. La revalorización del Congreso está en su capacidad de representar la pluralidad de la nación sin dejar de ser el arquitecto de la legalidad, de actuar como el contrapeso necesario al Poder Ejecutivo y en ser la caja de resonancia de las inquietudes ciudadanas, donde se procuren los acuerdos nacionales. El Congreso es el depositario de la soberanía popular y no puede confundirse con una caja negra para el reparto del presupuesto. La tarea número uno del Poder Legislativo es hacer leyes federales, no reglamentos para los distritos donde se elige a los diputados. De ahí que sólo se pueda reducir la brecha entre el ciudadano y los legisladores si a los segundos se les devuelve su condición de representantes de la nación, en vez de encasillarlos como simples gestores al servicio (sic) de los electores. ¿Acaso no hay ya suficientes líderes clientelares habilitados de diputados como para premiarlos con la relección sucesiva? Por sí misma la relección no es buena ni mala, pues depende del contexto político e institucional en que se incluya, pues no es lo mismo la relección en un régimen parlamentario con partidos fuertes y amplia participación ciudadana que en un sistema presidencialista con escaso o deficiente desempeño partidista y alto abstencionismo.

Representación proporcional. Los gradualistas piden que los plurinominales se reduzcan a la mitad; los radicales exigen su completa eliminación. Al final todos creen que esos cargos son obsequios indebidos a los partidos, gastos innecesarios a cuenta del erario. Si en el pasado sirvieron para alentar el pluralismo ahora son un peso muerto. Más allá de la visión de tendero oculta bajo tales reclamaciones, prevalece la idea de avanzar hacia un régimen presidencialista con dos únicos grandes partidos que se llevan la parte del león, dejando sin representación a las demás fuerzas políticas o conservándolas como minorías de piedra. Si estamos ante la necesidad de una reforma del régimen político, ¿por qué no se opta por una forma de representación proporcional total, donde cada partido obtenga tantos diputados y senadores como votos obtenga en las urnas, considerando al país entero como una sola circunscripción? ¿No sería más democrático?

Es indiscutible que hace falta una ley de partidos que dé amplias garantías para que la pluralidad se exprese en los órganos de representación. Eso implica abrir las puertas a la competencia, no cerrarlas. Las condiciones actuales para el registro deben revisarse, separando el tema del dinero del derecho de los ciudadanos a formar partidos o asociaciones políticas conforme a las garantías constitucionales. Ésa es la vía para resolver institucionalmente el tema de las candidaturas independientes sin coartar los derechos políticos de ciudadanos inconformes con las ofertas existentes. El Estado debe garantizar la presencia electoral de las agrupaciones que cumplan con la ley sin calificar de antemano sus potencialidades. Es ridículo el plazo de seis años fijado para la creación de nuevos partidos y debe cambiarse de inmediato.

Financiamiento. Es necesario revisar el financiamiento para ajustarlo a las necesidades actuales, pero la fórmula no debería emplearse en forma punitiva, para castigar a los partidos. Para combatir los delitos existen otras instancias y mecanismos de fiscalización. Es deseable hacer más llevadera la carga fiscal de la democracia, reduciendo gastos innecesarios, de modo que el dinero deje de ser la columna vertebral de la competencia política. Pero no hay que hacer demagogia. Si bien es razonable que si desciende la cantidad gastada por los partidos en los medios, en esa proporción se ajusten sus prerrogativas, una cosa muy distinta es sacrificar, en nombre de la austeridad, el modelo que da prioridad al financiamiento público, abriendo las puertas de las campañas a recursos privados, cuyo origen puede no ser transparente, o a debilitar por la vía de la austeridad forzada al instituto electoral, cuando las campañas y los comicios siguen siendo un tema áspero (otra cosa son los cambios que las instituciones electorales requieren para cumplir su cometido). El mayor costo para la democracia es que el árbitro o el juez no cumplan su tarea.

Los medios. Dejo para el final de este breve recuento la joya de la corona: el requerimiento concertado para abolir la esencia de la reforma electoral. La instantánea objeción de los medios al artículo que prohíbe a los partidos y a ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, contratar propaganda en radio y televisión, se convirtió en la piedra de toque contra la partidocracia y será el tema por el que se mida la profundidad de la reforma electoral venidera. Veremos si el nuevo Congreso, comenzando por el Senado, es capaz de sostener que no hay ataque a la libertad de expresión allí donde se impide a los poderes fácticos y a sus personeros votar en las pantallas o denigrar por cuenta de la democracia. Por lo pronto, habrá que ir a las urnas este domingo. Estoy en contra del bipartidismo. Votaré a la izquierda.

P.D. La oligarquía hondureña se vistió de blanco para apoyar el golpe de Estado fundado en el resoluciones judiciales, pero nadie les creyó. ¿Bañarán de sangre al país o huirán, como siempre?