Aunque existen reglas de operación para blindar los programas sociales durante procesos electorales, en la práctica esto no funciona por falta de recursos físicos y humanos para procesar las quejas e informar a la población que tiene derecho a esos apoyos y no se dan a cambio del voto, señaló el Observatorio de Política Social.

Al primer trimestre de este año electoral, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) ejerció 94 por ciento de los recursos de los programas, los cuales tuvieron incrementos presupuestales de 33 a 71 por ciento, como el de Setenta y más y el de Coinversión Social, respectivamente.

En el informe correspondiente al primer trimestre, la dependencia indica que contar con recursos públicos crecientes y su utilización eficiente y a tiempo son requisitos indispensables para la consolidación de una política social comprometida con la eliminación de las causas de la pobreza que persiste en el país.

En un análisis, el Observatorio de Política Social considera que hay un abanico importante de medidas de protección para los programas sociales, pero la mayoría de ellas no se consolidan en la operación.

Detalla que entre las medidas que conforman el blindaje electoral están el establecimiento de reglas para la incorporación y salida de beneficiarios de los programas sociales, la generación de mecanismos para presentar quejas y denuncias, la suspensión de entrega de apoyos antes del proceso comicial, la difusión de los padrones de beneficiarios, los reportes trimestrales de los programas y el establecimiento de contralores sociales.

Todo ello –señala– se queda a nivel de reglas y recomendaciones, ya que hay límites para su aplicación. Un ejemplo –precisa– es la dificultad para procesar las denuncias y reclamos depositados por los beneficiarios en los buzones de queja.

En un país como México –agrega–, donde coexisten una democracia no consolidada y una alta desigualdad económica y social, el reto es contar con ciudadanos libres y conscientes de sus derechos y obligaciones ante el Estado. Dentro de la variedad de obstáculos que imposibilitan la generación de una ciudadanía plena está el uso de los programas y recursos públicos de manera ilegítima e ilegal para la obtención de votos en favor de cierto partido o candidato.

Agrega que la entrega de ayudas monetarias, becas, servicios de salud, medicinas, suplementos alimenticios, despensas y materiales de construcción, entre otros, forman parte de los apoyos directos de los programas sociales. Se trata de bienes y servicios que, en mayor o menor medida, contribuyen al goce de derechos como educación, salud, alimentación, empleo, vivienda y medio ambiente.

El organismo considera que un blindaje real de los programas debe incluir, además de candados normativos y operativos, la generación de capacidades ciudadanas de ejercicio pleno de derechos, desde cono- cerlos hasta exigirlos.