ás de 70 millones de mexicanos están convocados hoy a las urnas para renovar 500 diputaciones federales, seis gubernaturas, los congresos locales y alcaldías de 11 entidades federativas, incluida la Asamblea Legislativa, y las 16 jefaturas delegacionales del Distrito Federal.
Independientemente de los resultados de estos comicios y de los análisis que obligadamente se harán a posteriori sobre los mismos, resulta innegable que la jornada de hoy ocurre en un contexto de descrédito institucional e inconformidad ciudadana ante la crisis de representatividad que enfrenta el modelo político vigente, lo cual, es de suponer, incidirá en el ánimo de los sufragantes.
Al abstencionismo que suele acompañar las elecciones intermedias –en 2003 participó poco más de 40 por ciento del padrón– habrán de sumarse en esta ocasión las expresiones que convocan a anular el voto como protesta en contra de la clase política. Tal circunstancia ha motivado a distintas organizaciones empresariales, religiosas y al propio IFE a reforzar la promoción del sufragio en la parte final de las campañas.
No puede pasarse por alto que la falta de confianza ciudadana en las autoridades electorales debe atribuirse en buena parte al comportamiento de estas últimas, y que la erosión en la credibilidad de procesos como el de hoy tiene de referente la experiencia vivida en los comicios presidenciales de 2006. En efecto, dicha contienda estuvo marcada por un cúmulo de irregularidades, entre ellas la intervención del entonces presidente Vicente Fox y de distintos organismos empresariales para desalentar el sufragio en favor del principal candidato opositor, Andrés Manuel López Obrador, sin que el IFE pudiera reaccionar de manera adecuada. Posteriormente, y a pesar de las inobjetables muestras de desaseo y violaciones a la legalidad, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) decidió validar esas elecciones y selló, con ello, un desprestigio monumental para la institucionalidad político-electoral, un déficit de legitimidad de origen para la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa y una polarización social que al día de hoy se mantiene vigente.
A lo anterior deben añadirse las actitudes impresentables que, en el contexto de la campaña actual, han asumido las propias autoridades electorales: el caso más notable es la decisión del TEPJF de revocar la candidatura de Clara Brugada en Iztapalapa a pocas semanas de la realización de los comicios, lo que impidió, entre otras cosas, la correspondiente modificación de las boletas de votación. El fallo desvirtuó la función del tribunal de procurar certeza en los comicios y provocó, en cambio, que la elección de jefe delegacional en Iztapalapa quedara viciada de origen y que se acentuara la falta de credibilidad del máximo órgano de justicia electoral.
Por lo demás, concluyen así campañas en las que las propuestas concretas estuvieron ausentes, no obstante el gran despliegue de recursos públicos en propaganda (se transmitieron en total 23 millones de promocionales, para lo cual fue empleado el tiempo de que dispone el Estado en los medios electrónicos de comunicación) y en prerrogativas para los partidos, y en las que las dirigencias de las tres principales fuerzas políticas omitieron centrar la discusión en asuntos fundamentales como la recesión económica. Se asistió, en cambio, a una creciente politización de la llamada guerra contra el narcotráfico
, en el contexto de la cual el partido en el poder empleó la crisis de seguridad por la que atraviesa el país como estrategia de posicionamiento y utilizó las acusaciones de presuntos nexos con el narco como una de sus principales formas de ataque a los opositores.
Hoy habrá que ver, en suma, cuál es la respuesta ciudadana ante un escenario que parece encerrar un estancamiento, si no es que un retroceso, en el desarrollo democrático del país: en meses recientes se ha hecho patente la brecha entre la ciudadanía y una clase política que actúa como si estuviera empeñada en desincentivar la asistencia a las urnas y en acentuar el descrédito generalizado de la vida institucional.
