El juzgado primero de distrito con sede en Hermosillo, Sonora, libró nueve órdenes de captura contra los dueños y representantes legales de la guardería ABC, entre ellos Marcia Altagracia Gómez del Campo, prima de Margarita Zavala, esposa del presidente Felipe Calderón, así como la aprehensión de un funcionario de la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en esa entidad.

Sin embargo, ocho de los acusados, todos ellos socios o representantes de la estancia infantil cuyas instalaciones se incendiaron el 5 de junio de este año y que ha dejado 48 niños muertos y más de 40 heridos, estarían fuera del país desde hace dos semanas.

Marcelo Meouchi, uno de los representantes legales, había sido citado a declarar desde hace tres semanas por la Procuraduría de Justicia estatal y desde esa fecha no ha sido localizado.

Los propietarios Marcia Altagracia Gómez del Campo, Sandra Lucía Téllez, Antonio Salido Suárez y Alfredo Escalante Hoeffer no han sido vistos en Hermosillo desde que dieron una conferencia de prensa el día 12 de junio, en la que se deslindaron de cualquier responsabilidad por el incendio y la falta de seguridad en las instalaciones.

En ese contexto, el pasado 1º de julio la Procuraduría General de la República (PGR) informó que había solicitado nueve órdenes de aprehensión contra los dueños y representantes legales de la guardería, así como de un empleado público.

Si bien el juez primero de distrito tenía hasta 10 días hábiles para determinar si libraba los mandamientos judiciales, este sábado, apenas unas horas antes de los comicios para diputados federales intermedios –que en Sonora se extienden a las diputacioneslocales incluso el cargo de gobernador–, la institución federal informó que ya se habían obsequiado las órdenes de captura.

Este sábado, durante una lectura de comunicado que se convirtió en una breve conferencia de prensa no todos los reporteros pudieron preguntar y no se pudo plantear la coincidencia de tiempos entre la determinación judicial y la situación electoral de Sonora.

Uno de los momentos durante la movilización de ayer en la capital de la República por los niños muertos y heridos en la guardería ABC, en HermosilloFoto José Antonio López

Sin embargo, el vocero de la PGR, Ricardo Nájera Herrera, declaró durante la sesión de preguntas y respuestas que el compromiso de hoy es que inmediatamente que tuviéramos la información (de las órdenes de aprehensión), la opinión pública estuviera en el conocimiento de todo lo que está sucediendo con respecto a estos hechos, y hemos estado manejando ahí y está cumplida la petición que nos hicieron y el juez obsequió las órdenes que teníamos en este caso.

El vocero dio a conocer que “bajo la causa penal 134/2009, el juzgado primero de distrito con sede en Hermosillo había concedido las órdenes solicitadas por el agente del Ministerio Público de la Federación.

Detalló que a estas personas se les atribuye la comisión de los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades, y a otros, además, los delitos de homicidio y lesiones culposas.

Todos los delitos están tipificados como no graves, lo que permitiría que los nueve contra los que se ha girado orden de aprehensión tengan derecho a la libertad bajo fianza. Ante esa posibilidad se le preguntó a Nájera Herrera, quien respondió esquivo: no tengo la precisión en este momento. La verdad de los hechos es lo que se tiene que valorar. El juez los tiene que recibir bajo esas circunstancias, la gravedad de los hechos en cuanto a los 48 homicidios cometidos, más todas las lesiones cometidas tienen que dar una valoración mayor para que el juez tenga la posibilidad de determinar las consecuencias jurídicas que van a tener todos ellos.

Agregó: cabe señalar que continúa abierta la averiguación previa respectiva y, por ende, las investigaciones del caso, por lo que el Ministerio Público de la Federación pondera la realización de nuevas consignaciones.

Nájera Herrera dijo no tener información de cuántos de los dueños o representantes legales de la guardería ABC se encuentran amparados, pero aseguró que las órdenes de aprehensión ya se encuentran en manos de la Policía Federal Ministerial para su cumplimiento.