La defensa legal de la mexicana Lucía Morett Álvarez prepara dos amparos para evitar que la candidata a diputada federal sea detenida, con base en una orden de aprehensión que libraron jueces colombianos, la cual ya fue notificada a Interpol pero que aún no ha sido entregada al gobierno de México. Además, solicitará que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emita medidas de protección en su favor al ser una perseguida política del gobierno de Álvaro Uribe.

Colombia inició un proceso penal contra la mexicana por su presunta responsabilidad en delitos relacionados con terrorismo por su supuesta participación en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Derivado de ese juicio el gobierno colombiano pidió a la Interpol emitir la llamada ficha roja, a través de la cual en 186 países podría ser detenida.

En el caso de México, la Procuraduría General de la República aún no ha recibido ninguna petición de detención en contra de Morett y su captura no es un proceso corto pues no basta la sola emisión de la ficha roja por parte de Interpol para que sea detenida, indicó el vocero de la dependencia, Ricardo Nájera Herrera.

Señaló que el gobierno colombiano debe tramitar, vía diplomática, la petición de captura y luego correspondería al Ministerio Público poner el caso en manos de un juez para que determine si libra la orden de detención provisional con fines de extradición.

Por su parte, Hugo Rosas, abogado de Morett, explicó que se tramitarán dos recursos legales. Uno en Colombia contra el proceso judicial contra la sobreviviente del bombardeo contra un campamento de las FARC; y el otro en nuestro país, en el momento en que un juez nacional formalizara la detención provisional.

Un día después de que se hizo público que la Interpol expidió la orden de captura en contra de la mexicana, familiares, legisladores y organizaciones sociales convocaron a una conferencia en la que le dieron su respaldo y demandaron al gobierno de Calderón protegerla del acoso y persecución política del mandatario colombiano.

Acompañado por la senadora Rosario Ibarra, el diputado federal José Antonio Almazán, integrantes del Comité 68, dirigentes del PT y otros legisladores, Jorge Morett, padre de Lucía, insistió en que es inocente y ahora la quieren convertir de víctima a victimaria.

Subrayó que el gobierno mexicano debe poner un alto a estas agresiones y demandar justicia plena para los connacionales, víctimas de los delitos de lesa humanidad cometidos con la masacre de Sucumbíos, Ecuador, y cuyo responsable confeso es Uribe.

Lucía Morett es la única mexicana sobreviviente al ataque del ejército colombiano contra un campamento que las FARC mantenían en Ecuador, ocurrido el primero de marzo de 2008, que dejó 25 muertos, entre ellos cuatro mexicanos y Raúl Reyes, uno de los líderes de la guerrilla.

Al ser cuestionado sobre el paradero de su hija, respondió que está bajo el abrigo de su familia, frente a esta agresión. Indicó que desconocía la existencia de un proceso judicial contra Lucía en Colombia.

Por ello, advirtió que acudirán con la canciller Patricia Espinosa para que nos explique qué conocimiento tenía el gobierno mexicano de este proceso legal. El 10 de abril pasado, en la última carta que nos dirigió, se comprometió a que nos mantendría informados de cualquier asunto relevante relacionado con el caso. De esto, no lo hicieron.

La Interpol viola estatutos

En entrevista, Hugo Rosas explicó que la Interpol violó sus propios estatutos al librar la orden de captura ya que tiene prohibido intervenir en casos políticos, raciales o religiosos, y el de Lucía es un caso netamente político.

Informó que los argumentos del amparo serán: que no existe una sola prueba que la señale de manera directa de los delitos de los que es acusada ni que pertenezca a las FARC; y que se trata de un conflicto político-diplomático entre ambas naciones sudamericanas en el cual no está involucrada como indiciada, sino como víctima y testigo.

Por separado, diputados de PRD, PRI y PT consideraron que el gobierno de Calderón está obligado a preservar la soberanía y a defender de los intereses de la población con un rechazo absoluto a la captura contra Morett.

Juan Guerra Ochoa, del PRD, emplazó al gobierno a no considerar la petición colombiana porque nunca se acreditó, ni se termina de acreditar que Morett participara en actividades guerrilleras o terroristas. Humberto Zazueta señaló que la mexicana es un chivo expiatorio del gobierno de Uribe que pretende escalar su estrategia de combate a las FARC con golpes de efecto como el llevar a una joven de otro país ante la justicia, para colocarse como el guardián de los intereses de su país.

Samuel Aguilar, del PRI, demandó a Calderón una salida diplomática que termine con la estupidez de Uribe, a quien ronda la idea de mantenerse en el poder por encima de cualquier violación a los derechos humanos. En tanto que el petista, Silvano Garay, calificó de mezquina la intentona del gobierno de Colombia, que aún no ha comprobado los delitos contra la mexicana.