Las fracciones de PRI y PRD en el Senado trabajan en un proyecto para eliminar de la legislación la figura del arraigo, dados los excesos e irregularidades que se han dado en su aplicación, lo que incluso ya generó críticas de organismos internacionales de derechos humanos.

Muy poco tiempo se necesitó para darnos cuenta de que esas herramientas que Calderón nos pedía desesperadamente para combatir el crimen organizado, en realidad eran para usar la impartición de justicia contra los opositores, advirtió el senador perredista Tomás Torres.

Ya está en comisiones una iniciativa para modificar la Constitución en lo que se refiere al arraigo, la cual fue presentada en el pasado periodo de sesiones por el senador del PT Ricardo Monreal, que contó con el aval de PRD y PRI, y es la que se busca impulsar.

Estamos en la etapa de cabildeo, pero si no logramos mayoría para esa reforma, entonces iremos por su reglamentación en las leyes secundarias, como el Código Federal de Procedimientos Penales. Eso es un asunto prioritario en el Congreso, agregó Torres.

Asimismo, destacó que cuando en 2007 se aprobó la reforma en materia de justicia y seguridad, hubo advertencias de organismos no gubernamentales para que no se aprobaran los allanamientos de domicilios, los arraigos y el uso de testigos protegidos, y el PRD votó en contra, ya que va en contra de las garantías constitucionales de los mexicanos.

Por ello, a escala internacional nos están calificando como violadores de derechos humanos, y al Congreso como negligente, por haber permitido que se instaurara la figura del arraigo, señaló el legislador.

Dijo que no sólo se trata de su uso político, ejemplicado en el caso de los alcaldes y ex funcionarios de Michoacán, sino de las vejaciones a que son sometidos los ciudadanos a quienes se aplica esa figura y se les mantiene encarcelados sin que siquiera haya acusaciones concretas en su contra.

El Congreso –agregó– tiene que asumir su responsabilidad y reparar el error, a fin de proscribir de las leyes mexicanas el arraigo, ya que está claro que ni la Procuraduría General de la República ni las demás autoridades investigan, y abusan del mismo, que constituye una pena de prisión anticipada para presuntos responsables o inocentes.