A pesar de los augurios que proyectaban abstencionismo histórico, y del vacío que las cadenas televisivas hicieron a la elección (como expresión de inconformidad con la reforma electoral), la participación ciudadana detuvo su caída en elecciones intermedias y se ubicó en 43.74 por ciento, dos puntos más con respecto a 2003, cuando se registró 41.1 por ciento, la más baja desde la creación del Instituto Federal Electoral (IFE).

En cambio, se produjo un sustancial incremento del voto nulo, al duplicar los niveles promedio de las últimas seis elecciones. En los comicios de ayer, los sufragios anulados –por errores de los electores al marcar su boleta o como expresión de protesta– se ubicaron en 6.04 por ciento (poco más de un millón 200 mil votos), cuando en 2003 este indicador fue de 3.36 por ciento (896 mil sufragios), y en 2006 de 2.51 (un millón 33 mil).

En diversas zonas de alto desarrollo urbano, como las delegaciones Benito Juárez y Miguel Hidalgo, en la capital del país, el voto nulo alcanzó 13 y 10 por ciento, respectivamente. El promedio de sufragios nulos en el Distrito Federal alcanzó 10.84 por ciento. Todos los datos anteriores corresponden al Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), con 60.33 por ciento de las actas computadas.

La mesa puesta que ofreció el IFE no fue atendida por millones de ciudadanos; sin embargo, con la asistencia a las urnas de poco más de 40 por ciento de los electores inscritos en la lista nominal fue posible detener la curva descendente que se pronunció desde 1991 en elecciones intermedias.

Al cierre de esta edición, de acuerdo con los resultados preliminares, las entidades que registraron mayor abstencionismo (coincidentes con zonas de altos niveles de violencia) son: Baja California (29.84 por ciento); Chiapas (35.33); Chihuahua (31.80); Guerrero (30.25); Michoacán (33.11) y Quintana Roo (33.81 por ciento.)

En el lado opuesto, con mayor participación se encuentran: Colima (60 por ciento); Campeche (57.13); Jalisco (50); San Luis Potosí (49.44); estado de México (49.26); Morelos (48.83); Nuevo León (52.82); Querétaro (57.59), y Yucatán (54.31 por ciento); en este último grupo se desarrollaron (salvo en Yucatán) elecciones concurrentes.

Consejeros y funcionarios electorales advirtieron del avance de los votos nulos, no sólo por la campaña en favor de esa opción –la cual cobró fuerza principalmente entre los usuarios de redes sociales en Internet–, sino por la posible confusión de los electores ante las coaliciones parciales y totales en contienda: PRI-PVEM, en 63 de los 300 distritos electorales, y PT-Convergencia en todo el país.

En 1991, el voto nulo representó 4.8 por ciento, equivalente a 1.1 millones de sufragios; en 1994, este indicador se ubicó en 3.23 por ciento (1.1 millones de votos); para 1997 fue de 2.8 por ciento (844 mil), y en el año 2000, de 2.32 por ciento (862 mil). En la elección intermedia pasada, 2003, el nivel de sufragios nulos fue de 3.36 por ciento (896 mil) y en 2006 (elección presidencial) 2.51 por ciento, equivalente a un millón de votos.

Hay un desencanto de los ciudadanos frente a la baja rendición de cuentas y persistencia de un alto nivel de impunidad y crisis económica, comentó ayer, en el IFE, José Antonio Crespo, uno de los promotores de la anulación del sufragio.

Respecto de la participación ciudadana, en 1991 se registró asistencia a la urnas de 64 por ciento de los inscritos en la lista nominal; para 1997 –siguiente contienda intermedia– la participación fue de 56 por ciento, y para 2003 este indicador se desplomó a 41.1 por ciento.

Precisamente con base en esa curva descendente fueron elaboradas algunas proyecciones que no gustaron a los consejeros del IFE. En particular, la emitida por la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), María del Carmen Alanís, quien comentó en los días previos a la elección que el abstencionismo podría llegar este 5 de julio a 70 por ciento o más.

Un día después de las declaraciones de la magistrada, el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés, dijo que si 30 millones de ciudadanos acudían a las urnas (cerca de 37 por ciento de los electores empadronados, aunque evitó dar porcentajes) se consideraría un nivel de participación normal, por tratarse de una elección intermedia, y sería un mensaje de que el sistema electoral mexicano ya se normalizó, ya se estabilizó, ya se estandarizó.

Valdés destacó que acudir a las urnas es un derecho y una obligación ética de los ciudadanos. Precisó que en 1997 votaron 29 millones de mexicanos; en 2000 (elección presidencial), 37 millones; tres años después, 26 millones, y en 2006, 41 millones de electores.

Las tendencias de participación electoral nos dicen que una que ronde los 30 millones de votantes sería normal en nuestro país, porque la población ha mostrado un comportamiento cíclico: sube la votación en la elección presidencial, desciende en la intermedia y así cíclicamente, manifestó Valdés el pasado primero de julio.

Menos de la mitad de los ciudadanos acudieron a las casillas, parte fundamental del andamiaje construido en nueve meses, con 402 actividades relevantes en 153 días de periodo de precampaña, intercampaña y campaña (31 de enero al 5 de julio).

En ese lapso fueron difundidos 23 millones de promicionales (30 millones de impactos, si se consideran las estaciones y sus repetidoras), esto es, 196 mil 128 impactos al día de mensajes de partidos políticos y autoridades electorales, en los que –precisamente– llamaron a votar.

La estructura para la jornada comicial es amplia y costosa. Incluye 139 mil 181 casillas aprobadas para instalarse, y 30 mil capacitadores y supervisores para alistar a casi un millón de ciudadanos elegidos para ser funcionarios de casilla.