Los ex funcionarios y particulares que enfrentan órdenes de aprehensión por delitos no graves, debido a su presunta responsabilidad en los homicidios culposos de 48 niños fallecidos en el incendio de la guardería ABC el pasado 5 de junio, en Hermosillo, comenzaron a tramitar demandas de amparo para impugnar esos mandamientos de captura y poder presentarse al juzgado con la garantía de no ser aprehendidos, informaron abogados de los inculpados.

Tal es el caso de Arturo Leyva Lizárraga, ex delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en esa entidad, y de Norma Mendoza Bermúdez, arrendadora del predio y bodegas donde se instaló la guardería, quienes este fin de semana interpusieron sus demandas de garantías ante jueces federales con sede en Hermosillo, Sonora, y en el transcurso de esta semana obtendrán la respectiva suspensión provisional. Con dicha protección podrán presentarse a rendir declaración preparatoria sin que sean detenidos.

Los defensores de Leyva y Mendoza, quienes pidieron no mencionar sus nombres, informaron que el juzgado segundo de distrito de Sonora fijó una fianza de 2 millones de pesos a cada uno de los inculpados, cantidad que deberán garantizar durante los próximos tres días hábiles o de lo contrario no surtirán efecto las suspensiones provisionales en vía de amparo.

Se prevé que en las próximas horas los otros siete acusados, hoy prófugos de la justicia, entre ellos Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo –prima de la esposa del presidente Felipe Calderón, Margarita Zavala–, recurran a la protección de la justicia federal para enfrentar en libertad las acusaciones que les hizo la Procuraduría General de la República (PGR).

Hace una semana y media, la delegación de la PGR en Sonora ejercitó acción penal en contra de ex funcionarios del IMSS y de los propietarios de la guardería ABC, entre ellos Gómez del Campo; de su esposo Antonio Salido; de Sandra Lucía Téllez, y de Alfredo Escalante Hoeffer, por los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades, así como homicidios y lesiones culposas.

Ninguno de esos delitos es considerado grave por las leyes penales mexicanas, por lo que una vez que los nueve inculpados consigan la suspensión provisional en vía de amparo podrán acudir ante el juez que libró la orden de aprehensión, y después de emitir sus declaraciones podrán retirarse del juzgado.