l presidente de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, Jorge Rivera, dejó entrever ayer, en el décimo día transcurrido desde la asonada militar contra el orden democrático en ese país, una posibilidad de que el presidente constitucional, Manuel Zelaya Rosales, pueda regresar sin temor a ser detenido: que el Congreso –el mismo que el pasado 28 de junio avaló el cuartelazo en Honduras, presentó una apócrifa carta de renuncia de Zelaya e invistió como presidente interino a Roberto Micheletti– otorgue, si lo considera oportuno, una amnistía política al mandatario destituido.

La declaración se produjo poco antes de que la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, anunciara desde Washington que el presidente de Costa Rica, Óscar Arias, se desempeñaría como mediador en el diálogo entre el gobierno constitucional de Zelaya y el régimen de facto encabezado por Micheletti. Más tarde, tras una reunión con Clinton, el propio Zelaya dijo que lo acordado con la canciller estadunidense y con el mandatario costarricense no es una negociación, sino la planificación de la salida de los golpistas.

La postura del funcionario del Poder Judicial hondureño es improcedente por partida doble: por un lado, porque omite señalar que la instancia que él encabeza es partícipe, junto con otros sectores políticos, empresariales y clericales reaccionarios de Honduras, de una conjura delictiva que ha subvertido la institucionalidad democrática y el estado de derecho en el país centroamericano; por el otro, porque soslaya que, al día de hoy, la única salida para la crisis política por la que atraviesa esa nación pasa por el fin de la aventura golpista de la oligarquía hondureña y la restitución inmediata del orden constitucional.

Más que una muestra de voluntad política para resolver el conflicto, lo dicho por Rivera constituye un signo de debilidad del régimen espurio ante la profundización de las medidas de aislamiento político y económico en el plano internacional, y ante el recrudecimiento mundial de las condenas en su contra: significativamente ayer, desde Moscú, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, reiteró su rechazo al golpe hondureño y su apoyo a la presidencia de Zelaya, al tiempo que defendió el principio universal de que los pueblos deben elegir a sus líderes, estemos nosotros de acuerdo o no con éstos.

A lo anterior debe añadirse, como muestra de la inviabilidad del proyecto golpista, la admirable resistencia popular que sigue desarrollándose en las calles de Honduras, a pesar de la brutalidad represiva puesta en práctica por el ejército y la policía –que hasta el momento arroja un saldo de al menos un muerto, decenas de heridos de bala y centenares de detenidos–, no obstante la brutal desigualdad de fuerzas entre éstos y los manifestantes.

Los elementos que se comentan, en suma, pueden ser indicios de agotamiento en el régimen espurio de Honduras, y deben ser aprovechados por la comunidad internacional para incrementar presiones diplomáticas, económicas e institucionales, para terminar, de ese modo, con un episodio que ha significado un retroceso histórico lamentable para la nación centroamericana, para América Latina y para el mundo. Más que negociar, el gobierno de facto encabezado por Roberto Micheletti tiene que fijar, cuanto antes, las condiciones y la fecha del retorno de Manuel Zelaya al cargo presidencial.