urante su comparecencia ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión por los lamentables sucesos del pasado 5 de junio en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora –en donde 48 niños perdieron la vida y decenas más resultaron heridos–, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Daniel Karam, entregó a los legisladores la información sobre las poco más de mil 500 guarderías subrogadas por la entidad que encabeza, incluidos los datos de los representantes legales y los socios originales y actuales de esos centros, así como los contratos y las actas constitutivas correspondientes.
De acuerdo con los documentos proporcionados por el funcionario federal, entre los beneficiados con la subrogación de guarderías se encuentran Tarcisio Torres Calderón, primo del titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa; José Fox Quesada, hermano del ex presidente Vicente Fox; Óscar Medina Plascencia, hermano del ex gobernador de Guanajuato, Carlos Medina Plascencia; Juan Carlos Murillo Flores, encargado de la Oficina de la Presidencia para la Innovación Gubernamental en el sexenio anterior, así como familiares de Genaro Borrego Estrada, director general del IMSS en tiempos de Ernesto Zedillo, y de Dulce María Sauri, ex presidenta nacional del Partido Revolucionario Institucional.
A la luz de esa información, queda claro que el caso de la guardería ABC representa sólo la punta del iceberg de un entramado de presumibles casos de nepotismo, favoritismo y tráfico de influencias en la concesión de los servicios públicos, y que el esquema de guarderías subrogadas aplicado por el IMSS no busca el mejoramiento de una prestación que corresponde por ley a los trabajadores y a sus familias, sino el enriquecimiento de personajes cercanos al poder político.
Si la tardanza con que se ha presentado esta información constituye en sí misma un indicio alarmante de torpeza e incapacidad administrativa por parte de los funcionarios calderonistas, el formato en que fue entregada –más de 70 mil cuartillas– pareciera obedecer a un intento por encubrir a los propietarios de los centros referidos al esconder sus nombres en una montaña de documentos. Asimismo, la extemporaneidad con que se dan a conocer estos documentos alimenta la sospecha –ampliamente difundida en la opinión pública nacional– de que el gobierno de Felipe Calderón se ha conducido, en el caso de la guardería ABC, con una lógica electorera inadmisible: es significativo, a este respecto, que legisladores de Acción Nacional hayan maniobrado para conseguir que la comparecencia del titular del Seguro Social fuera pospuesta para después de los comicios del pasado domingo.
A las consideraciones anteriores habrá de sumarse el rosario de actitudes tardías, erráticas e improcedentes por parte de la administración federal, que obligan a suponer un designio de proveer impunidad para los presuntos implicados en los lamentables acontecimientos del pasado 5 de junio en la capital sonorense. El pasado martes, la Procuraduría General de la República dio a conocer que había solicitado a la Interpol la detención de nueve supuestos responsables de la muerte de los 48 niños –entre los que se encuentran servidores públicos y particulares–, medida del todo inverosímil habida cuenta de que esa misma dependencia tardó cerca de tres semanas en atraer la investigación –pese a que el incendio se originó en un local a cargo de una institución federal y era, por tanto, procedente y necesario que emprendiera las pesquisas de inmediato–, y otorgó, con ello, un amplio margen de maniobra para que los indiciados huyeran.
Los elementos enumerados ponen en relieve que, ante una tragedia por demás dolorosa, el gobierno mexicano se ha conducido con una deplorable falta de decoro, ha ocultado información a las familias de las víctimas y de la sociedad en su conjunto, y ha actuado, en suma, en sentido contrario de su responsabilidad de procurar justicia y esclarecer los hechos.
