Empresas asentadas en el puerto de Altamira, Tamaulipas, entregaron escritos de inconformidad al juzgado décimo de distrito con sede en esa entidad, el cual recibió hace tres semanas la notificación del presidente Felipe Calderón respecto a la anulación del decreto expropiatorio del suelo de la terminal portuaria, expedido en 1981.

Las compañías afectadas por el amparo que obtuvo el abogado Diego Fernández de Cevallos –que ordena la devolución de los terrenos de Altamira a sus legítimos propietarios, o una indemnización millonaria en favor de dos grupos ejidales patrocinados por el bufete jurídico del ex senador panista– pidieron al juez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conozca del tema.

En su escrito, los empresarios solicitaron al Poder Judicial Federal que los ministros de la Corte emitan garantías jurídicas que den la seguridad a 60 empresas nacionales y extranjeras asentadas en esa zona industrial, de que no serán reubicadas.

En su edición de ayer, La Jornada dio a conocer que en acatamiento al amparo que obtuvieron en noviembre pasado ejidatarios representados por el jefe Diego, el presidente Calderón declaró insubsistente el decreto expropiatorio del suelo de Altamira.

La zona portuaria de Altamira alberga casi a 60 empresas mexicanas y extranjeras, entre ellas la alemana Basf de México, la española Gas Natural y la colombiana Biofilm.

Además de este escrito, las compañías que alegan no haber sido llamadas a comparecer como terceras perjudicadas dentro del litigio de amparo que ganó el bufete jurídico que encabeza Diego Fernández, con el apoyo del ex procurador general de la República Antonio Lozano Gracia, iniciaron juicios de amparo con el propósito de que no sean afectadas sus inversiones y se reconozcan sus derechos de propiedad sobre los terrenos de Altamira.

Destaca el amparo solicitado por el fideicomiso Nuevo Santander, en el que tiene participación el gobierno de Tamaulipas.

Estos empresarios afectados con la anulación del decreto expropiatorio señalaron en su demanda de amparo que los actos de las autoridades portuarias, con los que ordenaron valuar la infraestructura instalada sobre los terrenos que tienen que ser devueltos a los ejidatarios, son ilegales y ponen en riesgo el correcto funcionamiento del puerto de Altamira, además de que afecta las millonarias inversiones que desde hace casi tres décadas han realizado empresas de diversos ramos en la región.

Las demandas de garantías con las que buscan defenderse las empresas se tramitaron en juzgados de distrito con sede en Tamaulipas, revelaron fuentes del Poder Judicial Federal.