Morelia, Mich., 8 de julio. El ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández, enfrentó aquí la irritación, el dolor y el coraje de las esposas, madres, hijos y hermanos de los presidentes municipales, funcionarios estatales y policías detenidos desde el 26 de abril por militares y policías federales. ¡La comisión llega tarde!, cuando ya los lastimaron. ¿Por qué vienen después de las elecciones?, le reclamaron.

De inmediato, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) encaró las críticas: No, no es así. Nosotros hemos estado desde el primer día en el centro de arraigo. Hemos buscado a familiares, hemos hablado con algunos de sus abogados y con los propios detenidos.

Al reunirse en esta capital por más de dos horas con familiares de los detenidos en un encuentro organizado e impulsado por el senador Silvano Aureoles Conejo, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el titular de la CNDH escuchó fuertes y airados reclamos de justicia. Entre llantos y con la voz que se les quebraba por momentos, familiares y amigos de los detenidos acusaron al presidente Felipe Calderón y a la Procuraduría General de la República de fabricar culpables.

Violaciones constantes

Soberanes Fernández dijo ante los familiares de los detenidos que la CNDH ha comprobado que se les han violados sus derechos humanos, no tienen acceso a una defensa jurídica como lo indica la ley, no saben de qué se les acusa, ni ellos ni sus abogados han podido ver los expedientes. Se les levantaron supuestas declaraciones que no coinciden con lo que declararon. No se les permite tener cambiar de ropa desde hace 20 días. No se les permite visitas ni comunicaciones, entre otras anomalías.

Se comprometió con los familiares a trabajar con ellos y con los legisladores en favor de los detenidos, para que tengan un juicio justo y les sean respetadas sus garantías, pero, subrayó: “La CNDH no pretende que sean puestos en libertad antes de que los jueces federales determinen su situación jurídica sino que se les brinde todas las garantías que el propio orden jurídico mexicano indica.

Los familiares de los ediles y funcionarios arraigados dijeron a Soberanes Fernández confiamos en la CNDH. Esperamos que actúe ya.

El edil de Aquila, quien estuvo arraigado y salió libre hace unos días, dijo ante las decenas de familiares reunidos: Sí es cierto. La CNDH estuvo desde el principio. Fue al centro de arraigo, y sí nos revisaron, pero queremos que haga más.

Así, el propio alcalde de Aquila y los de Coahuayana y Buenavista, quienes permanecieron arraigados más de un mes y después fueron liberados, demandaron al Congreso de la Unión revisar las reformas penales, porque es injusto que una persona permanezca detenida y tratada como delincuente mientras se le investiga.

En conferencia de prensa, los alcaldes José Cortés Ramos, de Aquila; Audel Méndez Chávez, de Coahuayana, y Osvaldo Esquivel Lucatero, de Buenavista, afirmaron que su detención fue una pesadilla, porque al ser aprehendidos por agentes de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada les dijeron que tenían una orden de presentación, pero no el motivo.

Acompañados de Fidel Calderón, secretario de Gobierno de Michoacán, los ediles dijeron que después se enteraron que sólo una lista de un testigo protegido sustentaban la acusación de su presunta relación con el narcotráfico.

Los tres alcaldes se reunieron hoy con José Luis Soberanes. Posteriormente dijeron que la lucha contra el crimen organizado no debe ocasionar injusticias, porque además de la privación de la libertad por más de cinco semanas y los malos tratos, fueron desprestigiados por muchos medios informativos que les dieron trato de delincuentes, tal como ocurre con los siete alcaldes retenidos y los 20 servidores públicos quienes se les hace ese mismo señalamiento cuando aún no ha concluido el proceso, y esperamos que sea justo, porque al parecer casi a todos se les sustentaba la acusación con el mismo argumento. Fidel Calderón manifestó que aunque sólo falta que retome su cargo el presidente municipal de Coahuayana, el gobierno del estado les reconoce plenamente sus derechos políticos y seguirá trabajando estrechamente con ellos.

Con información de Ernesto Martínez, corresponsal