La posibilidad de que Estados Unidos retire recursos de la Iniciativa Mérida está abierta, ya que su Congreso condicionó la ayuda para el combate al narcotráfico a la garantía de que no habría impunidad en el caso de violaciones de derechos humanos de civiles cometidas por efectivos del Ejército, advirtió Pablo Gómez Álvarez, senador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Explicó que los abusos de elementos castrenses contra la población en México quedan sin castigo porque tanto el Poder Legislativo como el Judicial permiten que se pase por encima de la Constitución y en la práctica persiste aún el fuero militar.

Por separado, los diputados Humberto Zazueta, del PRD, y el priísta Samuel Aguilar coincidieron en que el gobierno de Felipe Calderón tiene la obligación moral y la responsabilidad histórica de dar a conocer al pueblo de México y al gobierno de Estados Unidos la información en torno a las violaciones de derechos humanos cometidas por integrantes de las fuerzas armadas del país.

El senador Gómez Álvarez explicó que en 1857 se abolieron los fueros y sólo se mantuvo el de guerra, que ahora es fuero militar, pero sólo para los casos de faltas contra la disciplina castrense; es decir, no acatar la orden de un superior, riñas entre soldados y otras relacionadas con la vida en los cuarteles.

Sin embargo, detalló, las agresiones –e incluso el asesinato de civiles– cometidas por miembros del Ejército que intervienen en tareas de seguridad pública las encuadran como delitos cometidos en servicio; por tanto, contra la disciplina militar, con el propósito de no ser juzgados en tribunales civiles.

Excesos y violencia

Debido a ello, la mayor parte de lo excesos, la arbitrariedad y los hechos violentos en los que incurren militares contra la población civil son juzgados por tribunales castrenses, lo que lleva a la falta de castigo. El senador Gómez Álvarez consideró que ese grave problema se arreglaría sólo con el cumplimiento de la Constitución, pero ni el Congreso, ni el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, han querido ponerle un hasta aquí a esa regresión, ya que, en la práctica, se ha restablecido parcialmente el fuero militar.

Hizo notar que quienes se oponían a la Iniciativa Mérida en Estados Unidos lograron que se incluyera una cláusula que condiciona los recursos a que el Ejército respete los derechos humanos de la población, y ese es el asunto que se discute en estos momentos en Washington, donde el Departamento de Estado deberá entregar un informe al Congreso sobre las acusaciones de desapariciones, torturas y otras violaciones a las garantías individuales de civiles que se han dado en México durante la lucha contra el narcotráfico.

Por otra parte, el diputado del PRD Humberto Zazueta advirtió que la demanda del Departamento de Estado estadunidense para que el gobierno de Felipe Calderón informe sobre la actuación del Ejército Mexicano “es la punta del iceberg de una historia de denuncias que la sociedad mexicana ha presentado por abusos de algunos militares.

Si la administración federal y las fuerzas armadas no han incurrido en actos que atenten contra los derechos humanos, seguramente se podrá acreditar. No obstante, por el bien y la salud de nuestro ejército, es necesario transparentar tales señalamientos, comentó.

Asimismo, el diputado priísta Samuel Aguilar demandó a Calderón presentar la información necesaria y suficiente para no dar al traste con recursos tan necesarios como los que prevé la Iniciativa Mérida. Con una postura que abone por la transparencia, por lo menos la lucha que libra el Ejército Mexicano contra los delincuentes quedará libre de toda duda, dijo.