La representación en México de la oficina del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos solicitó información a las autoridades locales y federales sobre los menores desaparecidos del albergue Casitas del Sur, con el propósito de revisar el caso y determinar cómo puede apoyar a los familiares de esos niños, informó el representante del organismo en el país, Alberto Brunori.

Entrevistado luego de participar en el encuentro internacional Hacia una política de Estado con enfoque de derechos humanos y género, señaló que tras analizarse la situación se podría incluso ofrecer a los afectados orientación con el fin de que puedan acudir a canales internacionales para que se resuelva el caso y se ubique el paradero de los niños.

A más de un mes que familiares de cinco de los 11 niños desaparecidos en el citado albergue acudieron a la sede del alto comisionado a pedir su apoyo para dar seguimiento a la investigación, dijo que es difícil que relatores visiten México a corto plazo para ver esta situación, pero se le está dando seguimiento, por lo que se pidió la información para ver cuáles son los procedimientos que se han realizado y con base en eso realizar un análisis de la situación.

Brunori explicó que ya han recibido algunos informes sobre el caso y continúa en contacto con los familiares de los menores extraviados que han solicitado la ayuda de la ONU, que quieren de regreso a los niños y se haga justicia, por lo que estoy realmente comprometido con ellos.

Agregó que se trata de una situación compleja y preocupante, razón por la cual el propósito es que mediante el área jurídica de la oficina del alto comisionado se analicen los pasos a seguir y con base en lo hecho por las autoridades y ya con toda la información podremos determinar el mecanismo idóneo para ayudar a estas personas.

Señaló que hasta el momento las autoridades no han puesto obstáculos para proporcionar la información sobre el tema, pero, advirtió, el problema es que esos niños tienen que aparecer.

El 5 de junio, los padres de Ilse Michel Curiel Martínez, Jesús Alejandro Espinosa Sánchez y los hermanos Asael Israel, Natanael Isai y Hebsiba Magdalena Juárez Ojeda acudieron a la sede del alto comisionado en México, donde acusaron que, a pesar de que diversos servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal intervinieron en la canalización y sustracción de sus hijos, no se ha procedido contra ellos.