Una papa caliente ha caído de última hora en manos de la Comisión de Cultura de la saliente legislatura y quedará para la próxima en la Cámara de Diputados.

Se trata de un proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, el cual –advierten especialistas– de aprobarse abrirá las puertas para que la iniciativa privada disponga sin restricciones del patrimonio cultural, con propósitos meramente lucrativos.

Así, con el pretexto de promover y difundir dicho patrimonio, se multiplicarían y serían legales intentos como el del gobierno del estado de México de montar un espectáculo nocturno de luz y sonido para turistas en Teotihuacán.

Lo anterior fue expuesto ayer en el foro La protección legal del patrimonio cultural, efectuado en el recinto camaral a instancias de la Comisión de Cultura.

Indefinición y laxitud

Durante su intervención, Jesús E. Sánchez, de la Dirección de Estudios Arqueológicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), observó que el proyecto de modificación está hecho al vapor, y soslaya análisis y discusiones profundos y completos. De tal forma, lejos de evitar la incidencia en delitos contra el patrimonio cultural, se abonará en favor de ellos.

Refirió que el controvertido caso Teotihuacán deja ver a todas luces que diversos sectores de la sociedad esperan, efectivamente, ciertas modificaciones a la legislación vigente en la materia para, por fin, apropiarse paulatinamente del patrimonio cultural.

Sánchez también hizo notar que en el artículo 2 del proyecto de modificación de la ley se asume que el patrimonio cultural está destinado al goce de la población: “Observemos que la legislación vigente establece que los monumentos arqueológicos son ‘bienes de uso común y dominio público, inscritos al sistema educativo nacional como instrumentos del conocimiento, inalienables, imprescriptibles e inembargables’”.

El problema es que, ante la indefinición y laxitud del término goce de los monumentos arqueológicos y sitios históricos, “los espectáculos musicales y los bailes de salón en nuestras zonas arqueológicas e históricas serán ciertamente las acciones de ‘promoción y difusión’ que sustituirán a cualquier intento de difusión y divulgación científica de nuestra historia”.

Además de ser una privatización de facto del patrimonio –advirtió el diputado Alfonso Suárez del Real, presidente de la Comisión de Cultura–, la aprobación de las modificaciones inscribiría la defensa patrimonial en la vorágine del combate contra el crimen organizado, olvidando que la ley contiene medidas preventivas que prácticamente nunca se han aplicado.

“Por eso –puntualizó en entrevista el legislador– estoy en favor de dar una oportunidad a la ley, que en su artículo 2 marca que el instrumento es la prevención, a través de la vinculación con la sociedad.”

El propósito del foro, indicó Suárez del Real, es escuchar los señalamientos puntuales de especialistas en la materia y tener elementos sólidos para dictaminar negativamente el proyecto de reforma y adición de la ley y asimismo dejarlos en manos de los diputados que en la próxima legislatura se encarguen de las cuestiones culturales.

El proyecto de reforma y adición a esa ley fue dictaminado por las Comisiones Unidas (de diputados y senadores) de Educación Pública y Servicios Educativos y Cultura, y enviado a la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados en abril pasado.

A juzgar por los aspectos mencionados durante el foro, el proyecto tal como fue recibido retoma puntos del Programa Nacional de Cultura 2007-2012 del gobierno federal, el cual señala: hoy estamos ante la disyuntiva de mantener la inercia del sector cultura, de trabajar sin autocrítica las áreas, los programas y proyectos que funcionan desde hace años (¿Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos?).

El mismo programa habla de la incorporación de nuevas prácticas enriquecidas con conocimientos interdisciplinarios como la del turismo cultural, que se han hecho presentes con enorme fuerza tanto en el vocabulario y la actividad cotidiana como en los espacios propios de la economía y del mercado y han alcanzado así mayor permeabilidad social. Por ello se ha vuelto necesario rediseñar estrategias e involucrar en el quehacer cultural a otras dependencias gubernamentales que antes se mantenían al margen, y a los protagonistas reales de la sociedad civil y de la iniciativa privada.

En otras palabras, el mencionado proyecto hace suya la política de Felipe Calderón en materia cultural, cuyos ejes prioritarios son el turismo cultural y la participación de la iniciativa privada.

Este enfoque es el mismo que fue asumido y exaltado durante el encuentro Cultura y Turismo, una relación estratégica, efectuado a finales del pasado enero en el Museo Nacional de Antropología, con la participación de expertos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y en presencia de la plana mayor de funcionarios del gabinete de Calderón relacionados con la educación, la cultura y el turismo.

Además de Jesús Sánchez, en el foro de ayer participaron las especialistas del INAH Yolanda Cano Romero, con la ponencia Panorama actual y entorno institucional de la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, y Teresita Miravete con La Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y otros ordenamientos en la conservación del patrimonio cultural edificado.

La cultura como prioridad

Los integrantes de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados concluyeron que en la preservación del patrimonio cultural existe un enorme vacío, permitiéndose arbitrariedades que afectan el acervo histórico del país.

Beatriz Pagés, secretaria del órgano legislativo, responsabilizó a legisladores, instituciones del gobierno y funcionarios de omitir su responsabilidad en el tema de la protección del patrimonio nacional, no obstante, el gran vacío se ubica en el papel que juega la ciudadanía en la preservación.

Propuso a la siguiente legislatura elaborar una reforma que considere no sólo el ámbito jurídico, sino el social, para construir una conciencia ciudadana que permita conocer a profundidad el patrimonio y, consecuentemente, asumir una actitud de respeto y de preservación.

Al participar en el foro La protección legal del patrimonio cultural, la diputada perredista Aurora Cervantes se sumó a la postura de Pagés, porque si no nos organizamos con acciones interinstitucionales y no promovemos la educación en los valores culturales, va a ser difícil salvaguardar el patrimonio; debemos involucrarnos todos, o de otra manera perderemos nuestra identidad.

Para la panista María Elena Noriega, el fondo no radica en revisar, únicamente, la legislación para fortalecer la protección de los bienes culturales, sino introducirse en el debate de la divulgación, apropiación, restauración y definición del patrimonio, ya sea como objeto de uso económico o parte esencial de la identidad nacional.

A su vez Alfonso Suárez del Real, presidente de la Comisión de Cultura, recordó la determinación legislativa para establecer dentro de la agenda nacional a la cultura como prioridad, y esto ha coadyuvado a la obtención de presupuestos más amplios.

Hemos aprobado una reforma que genera un cambio sustantivo en materia cultural, dado que se integran a las garantías individuales, como el acceso a la cultura, el respeto a la diversidad cultural, a la libertad creativa y a una serie de condiciones para que la LVI Legislatura elabore una nueva ley que permita construir el futuro que los mexicanos exigen, que debe tener la cultura, dentro del quehacer político, económico y social.