Madrid, 14 de julio. Mientras el ingeniero Alejandro Ordaz Moreno y su familia intentan asimilar la dura condena de ocho años de cárcel que le impuso un tribunal español, la embajada de México en Madrid mantiene un espeso silencio. A diferencia de otros momentos del proceso –como el día en que se concedió la libertad sin fianza–, la delegación diplomática, encabezada por Jorge Zermeño Infante, no emite comunicados ni responde a las duras acusaciones que lanzó desde Salamanca, Guanajuato, la madre del estudiante, quien responsabilizó de negligencia a los funcionarios, sobre todo en los inicios del caso.

Ordaz Moreno es el primer estudiante mexicano de doctorado, becado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que sufre un calvario como éste: tras confundirlo con un supuesto acusado, dos policías españoles vestidos de civil le ordenaron identificarse, a lo que él –que iba ebrio– respondió con una reacción de pánico ante el temor de ser secuestrado. Después de una dura trifulca con los policías fue finalmente llevado a los calabozos de Sevilla, donde denunció torturas, vejaciones e insultos (del tipo: indio de mierda, te vamos a mandar muerto a tu país de perros). Pasó 11 meses en prisión antes de que un juzgado le decretara libertad sin fianza, al menos en lo que duraba el juicio oral, que concluyó ayer con la lectura de la sentencia.

La sección séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla –integrada por tres magistrados– lo declaró culpable de dos delitos de intento de homicidio y uno de atentado contra la autoridad, lo que se traduce en un total de ocho años y cuatro meses de cárcel.

La pesadilla de Ordaz Moreno comenzó el 8 de marzo de 2008 y desde entonces ha tenido que interrumpir su trabajo habitual de investigador, así como la redacción de su tesis doctoral sobre energías renovables. Su vida ha dado un vuelco dramático: en prisión cumplió 29 años, tuvo que posponer sus planes de matrimonio y bajo ningún concepto puede salir de España, donde debe acudir cada 15 días a un tribunal para dejar constancia de su presencia en el país.

La causa de Ordaz Moreno no tuvo un inicio fácil, ya que ni la legación de México en Madrid ni el embajador Zermeño Infante respondieron a las súplicas de auxilio de la familia y del estudiante encarcelado hasta que la noticia se difundió en los medios de comunicación mexicanos y, sobre todo, cuando la Cámara de Diputados exhortó a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que defendiera sus derechos humanos.

Inconformidad de la familia

La madre del ingeniero, Isabel, recordó ayer, desde su restaurante de comida corrida en Salamanca, que en su día, cuando el caso de su hijo no era un asunto de interés nacional, el consulado no hizo su trabajo. Es decir, Ordaz Moreno recibió el trato habitual que reciben los presos mexicanos en España: desdén burocrático y alguna ayuda residual para garantizar que tengan a su alcance un abogado de oficio.

Todo cambió cuando la noticia del caso provocó indignación en el país. Entonces el embajador decidió otorgar máxima prioridad al asunto, del que se encargó en un principio el cónsul Carlos López Estrada, quien incluso viajó en varias ocasiones a Sevilla para conocer de primera mano la situación del detenido y para visitarlo en la cárcel.

Sin embargo, desde la detención del estudiante mexicano, Zermeño no ha hablado prácticamente de este asunto ni de otros que afectan a la delegación diplomática. Sí rompió el silencio para arremeter contra la multinacional Burger King por una campaña publicitaria que consideró denigrante con los símbolos patrios mexicanos. Hace unos días reunió en su residencia a cuatro ministros españoles y al alcalde de Madrid para condecorarlos con el Águila Azteca por su apoyo a México durante la crisis sanitaria por la influenza A. Pero durante su discurso obvió de nuevo el caso del estudiante de Salamanca, como hizo horas después de que se anunció un fallo que supone un golpe a su gestión.