a suspensión de operaciones de Aviacsa, decretada el pasado 6 de julio por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a consecuencia de un adeudo de 292 millones de pesos por el uso y explotación del espacio aéreo mexicano, constituye el más reciente episodio de una pugna emprendida por el gobierno federal para evitar las operaciones de esa línea aérea –para lo cual se han alegado ya sea motivos de seguridad o incumplimientos fiscales– y refuerza la percepción de que, más que conducirse con base en criterios estrictamente legales, el gobierno instrumenta una política orientada a la desaparición de algunas aerolíneas de bajo costo.
Ayer, como ha venido ocurriendo desde que fueron suspendidos los vuelos de Aviacsa, decenas de trabajadores de esa compañía se manifestaron en 19 ciudades del país y reclamaron al gobierno de Felipe Calderón Hinojosa que intervenga para frenar la persecución
en contra de la aerolínea y evitar así el cierre de una empresa que da sustento a más de 3 mil familias.
Ciertamente, es deseable y necesario que las autoridades hagan valer los lineamientos vigentes en materia de aeronáutica civil y vigilen el cumplimiento de los requisitos que deben cumplir las líneas aéreas. Sin embargo, el caso que se comenta ocurre en un contexto por demás propenso a la suspicacia, habida cuenta de la opacidad proverbial y el empleo discrecional de las medidas administrativas que han caracterizado el manejo de estas empresas en el país: hay que recordar, como botón de muestra, el proceso de adjudicación de la compañía Aeroméxico a un grupo de inversionistas encabezado por José Luis Barraza González y Banamex, hace casi dos años, el cual estuvo marcado por sospechas y acusaciones, por falta de pulcritud y la presumible parcialidad que prevaleció en la operación.
En el caso concreto de Aviacsa, es de llamar la atención que la dependencia encabezada por Juan Molinar Horcasitas decidiera la suspensión de las operaciones de la aerolínea debido al adeudo referido, habida cuenta de que, según las cifras dadas a conocer con anterioridad por la propia SCT, el resto de las compañías aéreas –con excepción de Mexicana, Interjet y VivaAerobus– adeudan un total de 958 millones de pesos a Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, lo que representa más del triple de lo que debe la empresa propiedad de Eduardo Morales Mega.
Tal consideración no significa, por supuesto, que la suspensión de operaciones de Aviacsa sea improcedente, pero sí obliga a preguntarse por qué no ha ocurrido lo mismo con otras aerolíneas que han incurrido –a la luz de los datos oficiales referidos– en la misma falta. Hay, por tanto, razones para sospechar que la aplicación parcial de esa sanción administrativa obedece a un intento por concentrar en otras compañías el negocio de la transportación aérea de pasajeros. No deja de ser significativo, al respecto, que a nueve días de la suspensión de los vuelos de Aviacsa, otras empresas como Aeroméxico y Mexicana no sólo hayan aumentado la ocupación de sus vuelos, sino que incluso hayan tenido que ampliar el número de sus operaciones ante el incremento en la demanda.
Los elementos de juicio mencionados obligan a demandar transparencia e imparcialidad a la SCT y a su titular: es necesario que los funcionarios de esa dependencia esclarezcan los hechos referidos, los cuales parecen encerrar, ante las consideraciones mencionadas, una profunda injusticia en contra de miles de trabajadores y sus familias.
