En años recientes la cifra de menores desaparecidos en México se ha incrementado de manera alarmante: se habla de 45 mil niños, sólo el año pasado.

Por una parte están los que son robados en las calles del país, pero existe otra cifra que sigue aumentando: los niños que desaparecen de albergues manejados por la Iglesia Cristiana Restaurada, que son subvencionados por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Éste es el tema del que se ocupa la periodista Sanjuana Martínez en su libro más reciente, Se venden niños (Temas de hoy, Planeta), en el que da cuenta de la desaparición de 25 menores de los albergues de esa Iglesia en Monterrey, la ciudad de México y Cancún, conocidos como Refugio de Amor, Casitas del Sur y La Casita.

Ahí a los pequeños, que generalmente provienen de familias de escasos recursos, no se les permite ver a sus familiares y los abusos físicos y sicológicos son cotidianos. Las denuncias refieren la desaparición de niños para utilizarlos en redes de prostitución, pornografía infantil, tráfico de órganos o adopciones ilegales, y las autoridades no dan respuesta a las acusaciones presentadas por padres de familia y organizaciones no gubernamentales.

De Monterrey a Cancún

Comencé investigando los tres albergues que tenían en Monterrey; luego empecé a tirar el hilo y descubrí que en Cancún, en 2005, desaparecieron 15 niños de un albergue de la misma Iglesia, y este año saltó el escándalo de Casitas del Sur; entonces todo se unió, recuerda Sanjuana en entrevista con La Jornada.

Es vergonzoso que en México desaparezcan miles de niños robados en las calles o supermercados, pero que desaparezcan de un albergue donde se supone que el Estado ha fincado la responsabilidad y les ha dado el beneficio de la custodia y la subvención económica para cuidarlos, además de vergonzoso es muy grave, subraya la autora.

Ominoso silencio oficial

–¿A cuánto ascienden las subvenciones?

–En los datos se habla de 5 millones de pesos a Casitas del Sur en el último año; pero no existen datos específicos porque la transparencia informativa es una gran asignatura de nuestras instituciones. La información, desde el Estado, nos es negada a los periodistas. De hecho, la Siedo mantiene en secreto la investigación.

Sanjuana Martínez, autora del volumen Se venden niños, durante la entrevista con La JornadaFoto Jesús Villaseca

“Hasta el momento no hay un solo detenido. Todos los implicados, los directores de Las Casitas están amparados, algunos obviamente fuera de México; por desgracia, los líderes –tanto Jorge Erdely, como Sergio Humberto Canavati– gozan de libertad. Solamente hay un arraigado, que es el pastor de la Iglesia Cristiana de la Iglesia Restaurada en el DF, arraigado por 40 días apenas, que se llama Alonso Emanuel Cuevas Castañeda. Mientras, otros 40 de sus albergues siguen trabajando y el DIF les sigue canalizando niños y dando la subvención.”

Hoy, añade, México es conocido como la segunda Tailandia. México se ha convertido en eso porque el Estado lo ha permitido, porque el Estado no cuenta con protocolos, con una estructura de garantías de seguridad y protección a nuestros niños.

Está la tragedia de la guardería en Hermosillo, que es muy similar a la de los albergues: “En el caso de Hermosillo existe una responsabilidad implícita del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero en el de los albergues hay una responsabilidad del DIF, que es el que entrega una subvención y tiene por obligación dar seguimiento a la custodia de esos niños que ha entregado temporalmente. Esto no ha ocurrido.

El silencio de Margarita Zavala de Calderón es ominoso, porque en estos años no ha tenido una palabra de aliento para estas familias que han perdido o que tienen desaparecidos a sus hijos.

Lamentablemente, México es el país del no pasa nada; denunciamos, volvemos a denunciar y sigue sin pasar nada. Aquí lo importante es la sociedad civil, porque una sociedad que renuncia a la protección de sus niños hipoteca el futuro.

Hoy, subraya Sanjuana Martínez, las organizaciones no gubernamentales y los periodistas suplimos las labores de jueces y policías. Yo me preguntaba por qué en México no matan jueces. ¿Será porque los periodistas están haciendo el trabajo de ellos? En todos los países asolados por la violencia lo primero que matan es a personal del Poder Judicial y sin embargo aquí es a los periodistas. ¿Será porque estamos haciendo un trabajo que corresponde a gente que no está cumpliendo con su misión?