nte la brutal ofensiva de la delincuencia organizada contra las corporaciones policiales destacadas en Michoacán por el gobierno federal –con saldo de 15 policías muertos y un número mayor de lesionados–, se ha optado por incrementar el número de efectivos policiales y militares, enviar más aeronaves e intensificar medidas de revisión y control en Morelia, en la carretera Siglo XXI y en otros puntos de la entidad, escogida por el actual titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, como primer escenario de un combate a la criminalidad que arroja, hasta ahora, un saldo dudoso, por decir lo menos.

En efecto, a dos años y medio de iniciada esa guerra, las organizaciones delictivas, especialmente los sicariatos vinculados al narcotráfico, no sólo no están desarticulados, sino que exhiben con hechos cruentos un poderío creciente y una renovada capacidad de desafío a la legalidad: tras la masacre de 12 efectivos de la Policía Federal, en días pasados, el presunto cabecilla de la banda conocida como La Familia, en un alarde de fuerza e impunidad, hizo declaraciones públicas en las que acusó a mandos y estamentos de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) y de la Procuraduría General de la República (PGR) de estar coludidos con Los Zetas, se quejó por los excesos cometidos contra personas inocentes en los operativos en curso, esbozó un panorama de integración entre la sociedad y el grupo delictivo del que forma parte y llamó al gobierno calderonista a construir un consenso, un pacto nacional; días antes, en Veracruz, había tenido lugar un combate con armas de grueso calibre y granadas entre presuntos sicarios del narcotráfico y fuerzas del orden.

Independientemente de su condición de delincuente confeso –reconoció, entre otras cosas, que su grupo realiza levantones y un trabajo mal visto por la sociedad–, quien dijo ser Servando Gómez Martínez, La Tuta, señaló una circunstancia real: el día que yo fallezca van a poner a otro en mi lugar y así se va a ir, esto nunca se va a acabar. Por más que la petición de obsecuencia y permisividad del Estado ante el trasiego de drogas resulte inaceptable y grotesca, es claro que en las pasadas dos décadas, o más, el fenómeno del narcotráfico en el país cambió de modalidades y de nombres propios, pero las corporaciones policiales y militares no han podido reducirlo de manera apreciable y mucho menos erradicarlo.

Actualmente, las autoridades siguen tratando de enfrentar el problema igual que hace 20 años, es decir, mediante la simple persecución policial –y militar, ahora–, pero sin considerar los numerosos factores económicos, políticos, sociales, educativos y hasta culturales que se expresan en un fenómeno que pasa por el ámbito penal, pero que lo trasciende con mucho. El gobierno calderonista se empeñó de inicio en una aparatosa y espectacular movilización de fuerzas coercitivas contra la criminalidad organizada, pero, según los datos disponibles, actuó sin una visión de conjunto y sin un plan preciso. El resultado está a la vista: se ha multiplicado la violencia, los grupos delictivos han extendido su accionar por nuevas regiones del país, la inseguridad pública ha llegado a un punto no muy lejano del colapso y se tienen indicios de una incursión sin precedente de los cárteles en las instituciones públicas: oficinas federales, gobiernos estatales, municipales y partidos políticos.

Ahora, ante la ofensiva de La Familia contra las fuerzas federales, la única respuesta gubernamental consiste en más de lo mismo: reforzar, multiplicar e incrementar medidas que no han conseguido derrotar a la criminalidad, ni en Michoacán ni en las otras entidades afectadas por la violencia y la ausencia de estado de derecho, sin tener una comprensión integral de los fenómenos delictivos. En tal circunstancia, es probable que la nueva respuesta oficial no logre gran cosa, por lo que se refiere a sus objetivos explícitos; es razonable suponer, en cambio, que el incremento de la presencia policial y militar en Michoacán se traduzca en agravios adicionales de las fuerzas del orden contra la población civil y debilite aun más, con ello, la posición del Estado ante los delincuentes.