El senador panista Gustavo Madero califica de contundente lo declarado por el funcionario
Pactar con delincuentes equivaldría a aceptar la derrota en la lucha contra el crimen, sostienen
Viernes 17 de julio de 2009, p. 6
El gobierno federal no debe pactar con el crimen organizado, porque sería declarar la derrota en la lucha contra el narcotráfico, coincidieron diputados de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Convergencia. No obstante, entre los legisladores persistió la idea de la ingenuidad
del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien no debió haber respondido al mensaje de un probable narcotraficante.
Por otra parte, en el Senado de la República, PRI y PRD señalaron que este emplazamiento da cuenta de las dimensiones del fracaso de la lucha contra el narcotráfico, y de nueva cuenta emplazaron al gobierno federal a revisar la estrategia del combate al crimen organizado reforzando las acciones de inteligencia.
Sin embargo, el líder de los senadores panistas, Gustavo Madero, consideró la respuesta gubernamental como contundente
y respaldó la postura de no negociar con el narcotráfico. Subrayó que los alcances de una revisión de la estrategia contra el narco no pasa por alcanzar un acuerdo con estos grupos.
Asimismo, Madero descartó que el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, deba renunciar por las acusaciones de un presunto narcotraficante. Agregó que el gobierno federal debe mantener la guerra frontal
que ha emprendido contra el crimen organizado y los actores políticos deberán asumir sus responsabilidades.
Entrevistado por separado, el diputado panista Cristian Castaño Contreras señaló que cuando el gobierno federal llegue a pensar y plantear la hipótesis de que la estrategia es replegarse y pactar con estas organizaciones, estamos entregando a México, estaremos sacrificando el futuro porque este país será dirigido y administrado por el poderío del crimen organizado
.
Por su parte, el legislador del PRI Fernando Castro Trenti destacó que esta situación sólo refleja el fracaso de las acciones gubernamentales y reprobó la respuesta de Gómez Mont, porque carece de acciones contundentes
y estas manifestaciones públicas del crimen organizado son muestra del hundimiento de los operativos. A la Secretaría de Seguridad Pública le queman unidades, los emboscan o tienen que ser rescatados por el Ejército Mexicano, dijo.
En ese contexto, Castro Trenti se manifestó por cambiar a los responsables de los operativos policiacos, pues más allá de los reclamos de los presuntos narcotraficantes, es evidente que no han dado resultados en esta estrategia presidencial de enfrentar el crimen organizado.
Por su parte, el coordinador de los senadores perredistas, Carlos Navarrete Ruiz, dijo que el presunto mensaje de La Familia refleja el reto “de proporciones mayores como nunca se había enfrentado en los últimos 40 años, y lo están haciendo los cárteles de la droga, aumentando su capacidad de fuego”. Si no se mejora la forma de enfrentarlos, el país “está en peligro de tener que ceder a las presiones que los propios cárteles han planteado”.
A su vez Javier González Garza, coordinador de la bancada del PRD en San Lázaro, consideró urgente modificar radicalmente la estrategia calderonista de combate al crimen organizado, y para ello debería comenzar por deshacerse del procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, y del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Evidentemente se deben replantear la estrategia y los mandos. Es decir, el procurador, el secretario de Seguridad Pública, cuando menos por los resultados deberían salir
.
–¿El Congreso de la Unión puede incidir para que se modifique esa estrategia?
–No. Ése es un asunto del Ejecutivo, como tal.
También el diputado Alfonso Suárez del Real criticó la avidez
de Gómez Mont al responder a un delincuente, sin corroborar si se trataba de un narcotraficante por lo menos de medio nivel.
“Debemos serenarnos. Es muy precipitada la reacción del gobierno federal. De manera tácita reconocieron la interlocución con quien emitió el mensaje. Ni siquiera dieron el tiempo que pedía el portavoz de la PGR para corroborar si en efecto el interlocutor es una persona vinculada a La Familia. Esto se hizo bajo el esquema de un análisis muy superficial”.