En la determinación del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) de no denunciar ante la Seceretaría Función Pública al IMSS –pese a que cometió un incumplimiento a la Ley Federal de Transparencia por no difundir los contratos de mil 553 guarderías subrogadas en el país– hubo una actuación limitada, laxa y al mismo tiempo muy equivocada de la comisionada presidenta Jacqueline Peschar, al no anteponer los derechos fundamentales de las familias afectadas por el incendio de Hermosillo, Sonora.

Así lo denunció, Irma Eréndira Sandoval, directora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y agregó que la postura de la funcionaria se inscribe en la tendencia de la administración federal de convertir al IFAI en una institución más en ese repertorio de la cara simulación que tenemos a nivel institucional.

Días antes de que el director del IMSS, Daniel Karam, diera a legisladores la lista de dueños de guarderías subrogadas, Peschard explicó, según se publicó, que la decisión de no denunciar fue porque al IFAI le interesa que se resuelva la deficiencia y los ciudadanos tengan la información, además de argüir que le faltan facultades para sancionar.

El IFAI sí puede tener un posicionamiento público político. Tendrían que ser más enérgicos Peschard y los comisionados, y consignar o recomendar una investigación, replicó.

Explicó que en términos legales el IFAI no ha explotado el artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia, que señala que no se puede invocar el carácter de reserva a la información que afecte derechos fundamentales, como ocurrió en el caso de la solicitud al IMSS del listado de guarderías.